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La ONG Venezolanos en Barranquilla hizo un llamado al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, para que los nuevos controles migratorios anunciados por el Gobierno no terminen asociando de manera generalizada la irregularidad migratoria con la criminalidad.
La organización manifestó su respaldo a la facultad del Estado colombiano para hacer cumplir las leyes, controlar sus fronteras y garantizar la seguridad, pero insistió en que cualquier procedimiento de deportación o expulsión debe respetar las garantías constitucionales y los derechos de las personas migrantes.
“Quien cometa un delito debe responder ante la justicia”
La ONG fue enfática en señalar que las acciones contra quienes cometan delitos deben adelantarse independientemente de su nacionalidad.
“Quien cometa un delito debe responder ante la justicia, independientemente de que sea colombiano, venezolano o de cualquier otra nacionalidad”.
Sin embargo, la organización estableció una diferencia entre criminalidad e irregularidad migratoria y advirtió que encontrarse en situación migratoria irregular no convierte automáticamente a una persona en delincuente.
“La irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad”.
Según la ONG, Colombia ha desarrollado durante cerca de una década mecanismos de regularización que permitieron que millones de venezolanos salieran de la irregularidad, accedieran a educación y empleo, emprendieran y se integraran a las comunidades.
Familias aún enfrentan barreras para regularizarse
Por otra parte, Juan Carlos Viloria, vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla, también llamó la atención sobre las dificultades que todavía enfrentan miles de familias que llevan varios años en Colombia.
“También hay que reconocer que hoy existen brechas muy grandes. Tenemos familias que llevan años en Colombia con niños escolarizados y documentados incluso, pero cuyos padres no necesariamente tienen una ruta disponible para regularizarse”, manifestó la ONG.
La organización agregó que existe otro grupo de personas que requiere protección internacional y que, en algunos casos, no podría regresar a Venezuela debido a situaciones que podrían representar un riesgo para su integridad.
Más de 2,8 millones de venezolanos viven en Colombia
Venezolanos en Barranquilla recordó que actualmente más de 2,8 millones de personas venezolanas residen en Colombia y que la mayoría se encuentra en situación regular.
La organización destacó además que más de 2,3 millones de Permisos por Protección Temporal (PPT) han sido otorgados desde la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Para la ONG, estas cifras demuestran que la regularización es posible cuando existen mecanismos diseñados para responder a las distintas realidades de la población migrante.
“Regularizar también es seguridad”
La organización considera que los controles migratorios deben ir acompañados de nuevas alternativas para quienes actualmente permanecen en Colombia sin una ruta clara para regularizar su situación. “Regularizar también es seguridad”.
Venezolanos en Barranquilla señaló que existen familias en las que padres y cuidadores tienen hijos escolarizados y documentados en Colombia, pero que no necesariamente cuentan con un mecanismo aplicable para regularizar su permanencia.
Aunque reconoció los avances representados por el PEP-Tutor y la Visa V de Visitante Especial, advirtió que estos mecanismos tienen requisitos y poblaciones específicas y no cubren todas las situaciones existentes.
Por ello, pidió fortalecer las rutas de regularización y establecer mecanismos de valoración individual que tengan en cuenta factores como el arraigo, la unidad familiar, la presencia de niños, niñas y adolescentes, la vulnerabilidad y las condiciones de especial protección.
Piden evaluar los casos antes de una deportación
Otro de los puntos planteados por la organización está relacionado con las personas que podrían enfrentar riesgos si son obligadas a regresar a Venezuela.
La ONG recordó que existen solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado que llevan largos períodos esperando una decisión por parte del Estado colombiano, así como personas que manifiestan tener temores fundados frente a un eventual retorno.
En ese sentido, solicitó que cada caso sea analizado individualmente y que se respete el principio de no devolución cuando exista una necesidad de protección internacional.
“Ninguna persona que pueda enfrentar riesgos para su vida, libertad o integridad debe ser devuelta sin que su necesidad de protección haya sido debidamente evaluada”.
La organización también planteó la necesidad de fortalecer el sistema colombiano de refugio, agilizar las solicitudes pendientes y adaptar las políticas públicas a la transformación que ha experimentado la migración durante la última década.
La ONG destaca el aporte de los migrantes
Venezolanos en Barranquilla también pidió que el debate sobre migración no se concentre exclusivamente en seguridad y control fronterizo.
La organización destacó que millones de migrantes trabajan, emprenden, generan empleo, pagan impuestos, estudian, ejercen diferentes profesiones y oficios y participan en el desarrollo económico y social de las comunidades donde viven.
“La migración no solamente plantea desafíos: también genera oportunidades y desarrollo cuando existen regularización e integración”.
Para la ONG, la población venezolana hace parte de la realidad económica, social, demográfica y cultural de Colombia y ha contribuido con trabajo, conocimiento y emprendimiento durante los años de permanencia en el país.
Temen que los anuncios generen xenofobia
Uno de los principales llamados de la organización está dirigido a evitar que los anuncios sobre deportaciones generen temor entre las familias migrantes o alimenten discursos de estigmatización.
Venezolanos en Barranquilla advirtió que una interpretación generalizada de las nuevas medidas podría llevar a que personas extranjeras, incluso aquellas que se encuentran regularmente en Colombia, crean que pueden ser deportadas de manera inmediata.
Por ello, pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes explicar con claridad a quiénes estarán dirigidos los procedimientos, cuáles serán sus etapas, qué garantías tendrán las personas involucradas, cómo se protegerá la unidad familiar y qué ocurrirá con quienes tengan trámites o solicitudes pendientes.
También reclamó información sobre las alternativas disponibles para quienes puedan acceder a mecanismos de regularización o protección internacional.
Barranquilla podría convertirse en piloto de buenas prácticas
Ante la decisión del Gobierno de implementar en Barranquilla una estrategia piloto de control migratorio, la ONG consideró que la ciudad puede convertirse también en un escenario para desarrollar buenas prácticas en materia de migración.
La organización propuso instalar una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, la Cancillería y Migración Colombia, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la participación de organizaciones de la sociedad civil, líderes y defensores de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Finalmente, Venezolanos en Barranquilla insistió en que Colombia no tiene que escoger entre seguridad y derechos humanos.
“Podemos combatir la delincuencia sin criminalizar la migración. Podemos ejercer control migratorio respetando el debido proceso. Podemos proteger nuestras fronteras sin desconocer la protección internacional”.
La organización concluyó que seguridad, legalidad, regularización e integración deben hacer parte de una misma estrategia para responder a los desafíos de la migración en Colombia.
ONG ofrece trabajar con el Gobierno
Finalmente, Juan Carlos Viloria aseguró que está dispuesta a participar en la construcción de una política que combine seguridad, control migratorio y garantía de derechos.
“Desde nuestra organización Venezolanos en Barranquilla, estamos dispuestos desde el día uno a sentarnos con el gobierno, con Migración Colombia, con la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones para contribuir a construir esa respuesta”, expresó.
Finalmente, la ONG insistió en que las políticas de seguridad y la protección de los derechos de los migrantes no son objetivos contradictorios.
¿Qué le pidió la ONG Venezolanos en Barranquilla al presidente Abelardo De La Espriella?
Le pidió no confundir la irregularidad migratoria con la criminalidad y garantizar que los controles y procedimientos de deportación respeten el debido proceso, el derecho a la defensa y las condiciones particulares de cada persona.
¿La ONG está en contra de los controles migratorios y las deportaciones?
No. La organización respaldó la facultad del Estado para controlar la migración y actuar contra quienes cometan delitos, pero solicitó que las medidas se apliquen de manera individual, con garantías constitucionales y sin criminalizar a toda la población migrante irregular.
¿Qué alternativas propone la organización para las personas que permanecen en situación irregular?
Propone fortalecer las rutas de regularización y crear mecanismos de valoración individual que tengan en cuenta el arraigo, la unidad familiar, la niñez, la vulnerabilidad y las necesidades de protección internacional.
¿Por qué la ONG pide especial atención antes de deportar a algunas personas venezolanas?
Porque algunas personas pueden enfrentar riesgos para su vida, libertad o integridad al regresar a Venezuela. La organización considera que estos casos deben ser evaluados individualmente y que debe respetarse el principio de no devolución cuando exista una necesidad de protección internacional.
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