Interpondrán acción penal por falsedad frente al fallido decreto que nombraba presidente a Benedetti

Entre las medidas requeridas, figura la declaración formal de Armando Benedetti, con el fin de confrontar sus múltiples intervenciones públicas —algunas de ellas contradictorias— con la versión que entregue Angie Rodríguez. 

Según Benedetti, fue notificado desde Presidencia y el mandatario estaba al tanto de su designación, afirmación que contradice directamente lo expresado por el propio presidente Petro.

Asimismo, se solicitó el aseguramiento de los teléfonos celulares y las comunicaciones de Benedetti, de la directora del DAPRE y del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, incluyendo los números de contacto de cada uno. El objetivo es preservar evidencia sobre cómo se gestó la expedición del decreto.

Otro de los puntos clave del documento exige que el DAPRE, al responder los requerimientos de la Fiscalía, declare un conflicto de interés por parte de Angie Rodríguez, en su calidad de denunciada, y designe una directora ad hoc para este caso, con el fin de evitar cualquier interferencia en el manejo de la información.

Todo esto ha generado inquietudes dentro del Gobierno. Algunas fuentes cercanas a Palacio, que pidieron mantener el anonimato, afirman que los denunciantes “ya tienen parte de la información que están solicitando” y que, en realidad, buscan verificar si las entidades involucradas responderán con la verdad o si intentarán encubrir lo ocurrido, es decir, tapar un delito con otro.

Lo que está claro es que esta denuncia no es un trámite de rutina. Se trata de un documento técnico, bien estructurado y con el potencial de abrir una de las investigaciones más serias que haya enfrentado el círculo cercano del presidente.