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Ayer, la defensa jurídica del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a desconocer la autoridad de esta entidad para investigarlo. ¿Qué pasa tras la carta enviada por el abogado del presidente, Héctor Carvajal?
Nada. No pasa nada en el proceso. Simplemente, no se presentó una defensa sólida.
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O, más bien, sí lo hizo, pero no sobre los cargos principales, que son lo importante. No acepta los cargos, pero argumenta y sustenta su defensa. Es algo así como: "Sobre esto me defiendo, pero sobre lo demás no tengo argumentos". Los ponentes deben abrir pruebas, luego pasar a los alegatos y, finalmente, presentar una ponencia.
Hoy, el Consejo de Estado podría sentar jurisprudencia de una vez por todas sobre si la Procuraduría puede emitir cualquier tipo de sanción contra funcionarios de elección popular.
En concreto, el Consejo de Estado resuelve un recurso extraordinario de revisión interpuesto por la exalcaldesa de Arjona, Esther Jalile García, quien fue suspendida de su cargo por la Procuraduría. El objetivo es unificar la jurisprudencia en este tipo de casos. ¿Puede o no la Procuraduría suspender a funcionarios de elección popular? Aunque no puede inhabilitarlos ni anular su elección, ¿tiene la facultad de suspenderlos? No es un asunto menor, porque, de no ser así, el Ministerio Público quedaría prácticamente sin funciones relevantes en este ámbito.
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Por otro lado, continúan las quejas sobre el aeropuerto de Cartagena.
Ayer, un personaje importante me escribió para compartir su experiencia en el aeropuerto Rafael Núñez. Me contó que hubo varias interrupciones en el suministro eléctrico: la planta entraba en funcionamiento y luego se apagaba. Además, no había suficientes puestos disponibles para los usuarios, entre otros inconvenientes. Cabe destacar que la remodelación del aeropuerto está programada para comenzar en dos años más.
