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¿Qué ocurrió con el canciller Álvaro Leyva? ¿Ya lo suspendieron? ¿Quién quedará en su reemplazo?
Ni lo uno ni lo otro, y lo que es más preocupante: me dicen que el presidente y el canciller han estado explorando alguna excepción constitucional para no obedecer la suspensión de la Procuraduría, lo cual sería muy grave porque generaría un choque institucional.
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El canciller no es de elección popular, y la suspensión debe hacerse efectiva tan pronto como sea notificado; eso no tiene salida. Es jurídicamente imposible escapar de esa suspensión. Pueden litigarlo, pueden presentar acciones jurídicas, pero al final deberán acatarlo, me dicen los que conocen del tema.
Lo cierto es que si el presidente decide no acatar la suspensión y poner un reemplazo, pondría en riesgo la institucionalidad y no habría ninguna corte u órgano de control que lo respalde; por el contrario, pondría en riesgo incluso la misma elección de fiscal.
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Se espera, entonces, que en el menor tiempo posible, el presidente cumpla con la suspensión y nombre un encargado de la Cancillería.
