Usuarios de Nueva EPS exigen mesa con la Defensoría del Pueblo y la interventora tras crisis en el servicio

Organizaciones de pacientes de la Nueva EPS en Bogotá realizaron este miércoles un plantón frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, solicitando la intervención de dicha entidad para proteger a los usuarios que, aseguran, están siendo afectados por fallas en el servicio.

Los manifestantes alertaron que el fin de los contratos entre clínicas y la EPS está generando consecuencias graves para quienes requieren atención en el sistema de salud. Asimismo, denunciaron demoras en el agendamiento de citas y falta de entrega de medicamentos como parte de la problemática que viven desde hace varios meses.

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Según Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo, los usuarios han presentado quejas durante todo el año, pero consideran que la Defensoría del Pueblo ha mantenido un pronunciamiento demasiado silencioso frente a lo que califican como una violación del derecho a la salud. El representante aseguró que “no hay red de atención ni pagos a los prestadores”, lo que estaría afectando especialmente a quienes padecen enfermedades de alto costo.

Entre las peticiones que plantearon los pacientes está que la Defensoría emita alertas tempranas por lo que señalan como una vulneración sistemática del derecho a la salud. También proponen que se constituya una mesa de diálogo que incluya a la interventora de la EPS, Gloria Polanía, con el objetivo de hallar soluciones inmediatas a la crisis que denuncian.

La Nueva EPS, de acuerdo con los organizadores del plantón, aún no ha respondido a las solicitudes de la Defensoría del Pueblo ni a las gestiones del delegado enviado por esa entidad para atender la situación. Los manifestantes insistieron en que la falta de comunicación agrava los problemas de atención, ya que miles de usuarios permanecen sin acceso a servicios médicos esenciales.

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Aunque todavía no se ha fijado una fecha para el encuentro propuesto, los pacientes hicieron un llamado a la interventora para que detenga los procesos de terminación de contratos y adopte medidas urgentes frente a lo que califican como una crisis humanitaria en el sistema de salud. Aseguraron que mantendrán la presión social hasta que las autoridades competentes establezcan una ruta clara de atención que garantice la continuidad de los servicios.