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La Superintendencia de Salud ordenó la intervención del Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas) y la remoción inmediata del gerente, por lo que se nombró a un Agente Especial Interventor. Las razones de la intervención obedecen a que no se garantiza que los servicios sean accesibles, oportunos, continuos y seguros, generando un riesgo para la vida de los pacientes.
Incluso, se evidenció que para afrontar la emergencia sanitaria por la COVID-19 se hace necesario adelantar una logística con miras a abordar acciones que contrarresten el impacto de la pandemia, a través de la implementación de planes de contingencia.
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"La medida irá por el término de un año, luego de concluir una fase de seguimiento, en donde se identificaron fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico que, según la SuperSalud, ponen en riesgo la adecuada y oportuna atención a los usuarios de este departamento", señaló el delegado para las Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero, durante su visita a la institución.
Tras esta decisión, se designó a Albert Ferney Giraldo Varón como Agente Especial Interventor, “quien tendrá entre sus funciones presentar un plan de acción que contenga las actividades a realizar con miras a subsanar los hallazgos que dieron origen a la medida”.
Algunos hallazgos e irregularidades de ese centro de salud indican que:
- No se garantizan servicios accesibles, oportunos, continuos y seguros, generando un riesgo para la vida de los usuarios.
- Se evidenciaron equipos sin mantenimiento hospitalario y en condiciones no aptas para la prestación de servicios de salud.
- Desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, con prácticas inseguras como por ejemplo el repetitivo uso de tubos de toma de muestras de laboratorio.
- No cumple con las condiciones y requisitos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.
- Presenta una inadecuada e ineficaz planeación en el proceso de contratación, lo cual se refleja en el desabastecimiento de medicamentos e insumos.
- No garantiza la prestación de los servicios de salud del binomio madre-hijo, en términos de efectividad y seguridad integral.
- Se presentan fallas en el diligenciamiento de las historias clínicas.
Frente a déficit presupuestal, Guerreo indicó que es del 25,91% al cierre de 2019 y en consecuencia aumenta el riesgo en su equilibrio financiero.
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“Al cruzar las cuentas de deudores vs pasivos se presenta un desbalance. Las deudas del hospital ascienden a $12.380 millones, las cuentas por cobrar están en $9.147 millones, lo que deja un déficit de $3.233 millones, es decir, que con el recaudo del 100% de sus deudores, el centro asistencial no tendría como cubrir sus pasivos”, precisa el organismo de control.
La Superintendencia también resaltó que la facturación de los servicios prestados se hace unos 6 o 7 meses después, lo que significa que presta servicios que no factura oportunamente.
“El hospital no verifica que todos sus colaboradores se encuentren debidamente acreditados para el ejercicio de su profesión, en especial, los certificados de formación en soporte vital básico y avanzado”.
Así mismo, que “los supervisores de los contratos celebrados no realizan seguimiento técnico al cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada contrato”.
El funcionario agregó que, en la tarea del equipo interventor para salvar el Hospital San Rafael, "se deben aunar esfuerzos entre las autoridades de salud departamentales, nacionales, y el compromiso decidido de los trabajadores para recuperar el rumbo del centro asistencial y asegurar el bienestar de sus usuarios".
