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Fasecolda, el gremio que agrupa a las aseguradoras y a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), se pronunció durante un debate de control político en el Senado sobre la dotación de los elementos de bioseguridad para médicos y demás profesionales de la salud en medio de esta pandemia.
El presidente de esta entidad, Miguel Gómez Martínez, afirmó en primer lugar que la ley prohíbe a las ARL entregar estos insumos a los trabajadores, restricción que se levantó temporalmente debido a la emergencia.
Y en segundo lugar, Gómez indicó que dichas empresas no tienen la capacidad de suplir la totalidad de las necesidades que requieren los médicos, personal de enfermería y demás profesionales que laboran en clínicas y hospitales.
“El sector de Administradoras de Riesgos Laborales va a destinar a esto, entre 20.000 y 25.000 millones de pesos mensuales, a eso corresponde lo que el decreto ley 488 le asignó como tarea, yo entiendo la ansiedad de los senadores y de las asociaciones médicas, pero el papel de las ARL en atender estas necesidades es un papel pequeño, marginal”, indicó.
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“No tenemos son los recursos que se necesitan. Las ARL no tienen la capacidad de proveer todos los elementos de protección que requiere el personal que está expuesto, no tienen los recursos”, enfatizó.
El presidente de Fasecolda indicó que dotar a todos los profesionales de la salud de los elementos de protección correspondientes, es responsabilidad de los empresarios.
“Su función es complementaria al trabajo que sí es obligatorio por la ley y es el que tiene el empleador. El que debe proveer los insumos es el empleador, nosotros vamos a apoyar en eso, con los recursos que nos obliga la ley a destinar a este propósito, pero esos recursos no alcanzan y las ARL no van a poder cumplir con esa función porque el dinero destinado no es el requerido”, sostuvo.
Por su parte, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, respaldó algunas consideraciones hechas por Fasecolda y advirtió que el aporte de las ARL en medio de esta pandemia, será pequeño.
“Este porcentaje que deben afrontar las ARL le podrían representar al país entre 20.000 y 25.000 millones de pesos, de unas necesidades que podrían estar entre los 400 y 500 mil millones de pesos. Es decir, los insumos que necesitamos para el personal sanitario lo que aportan las ARL es un poco de esas necesidades que requiere el país”, indicó.
Siniestralidad
Aristizábal dijo que, debido a las nuevas tareas que les ha delegado el Gobierno, el nivel de siniestralidad de aumentará considerablemente y mostró preocupación por las dificultades que han tenido las ARL para cumplir con las nuevas responsabilidades que les entregó el Gobierno.
“Hasta el momento las ARL han tenido utilizades y han hecho unas reservas técnicas y matemáticas, pero me preocupa que a futuro desabasteciéramos esas reservas”, manifestó.
“Creería que hoy que esos recursos son insuficientes, sé que tuvieron algunas dificultades en el momento de comprar los insumos, dificultades en el tema de priorización y me preocupa que tenemos registrados cerca de 18.000 IPS en nuestras bases de datos y nosotros vemos que apenas se va a llegar a cerca de 8.000 IPS, entonces hay que revisar la priorización”, indicó.
Arremetida
En contraprestación, algunas agremiaciones del sector de la salud y los mismos senadores, arremetieron contra las ARL.
Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, dijo: “le decimos a las ARL que hay que hacer más de lo mínimo, debemos ser equipo, debemos ser aliados, hemos aportado al crecimiento del sistema de riesgos laborales y necesitamos acompañamiento. No estamos discutiendo la competencia, pero le estamos recordando a todos que la responsabilidad es colectiva”.
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El senador Carlos Fernando Motoa sostuvo que si bien hay una dificultad enorme para adquirir los elementos médicos, esa no puede ser excusa para generar incumplimientos.
“No se le puede decir al país, como se ha dicho aquí, que no existe la capacidad o los recursos económicos para poder suplir con esa exigencia del Gobierno y con un aspecto de solidaridad y de compromiso con el personal médico y asistencial”, manifestó.
Según Motoa, desde el 2015 al 2020, el recaudo anual de las ARL ha sido de aproximadamente 4,2 billones de pesos y debe haber solidaridad de parte de esas compañías.
La senadora Nadia Blel también afirmó que si no se cumple con la entrega de estos insumos, los mismos profesionales de la salud se pueden convertir en un enorme foco de contagio.
“Ustedes, señores de Fasecolda, no pueden esperar hasta la reactivación económica, a ustedes les va a salir mucho más caro después tener que asumir todas las enfermedades a causa del contagio de la COVID-19, que si invertimos ahora en prevención, que es lo más importante, así que yo les pido solidaridad en este momento”, manifestó.
Los congresistas también le solicitaron a la Superintendencia de Salud ejercer una mayor vigilancia sobre las EPS y demás instituciones que no estén cumpliendo con la prestación adecuada de los servicios.
