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Hoy, Sandra Ortiz se defenderá de la UNGRD, y pronto llegará el turno del exministro Luis Fernando Velasco, quien está muy juicioso recopilando pruebas para su defensa.
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El exministro está reuniendo evidencias, especialmente para demostrar que en muchas de las reuniones en las que lo menciona María Alejandra Benavides, él no participó porque se encontraba en otro lugar. Me dicen que ya cuenta con varias pruebas de este tipo, incluyendo registros de vuelos y videos que demuestran su presencia en otros sitios. Además, tiene chats cruzados con María Alejandra donde ella le pedía ayuda para convocar reuniones, aunque muchas de estas no contaron con gran asistencia. Todo esto forma parte de la estrategia de defensa que está preparando el exministro, quien también busca que el caso avance con rapidez para poder tomar decisiones políticas con miras al 2026.
Hablando de 2026, usted mencionaba la semana pasada las fuerzas regionales y los exgobernadores que se están reuniendo con el objetivo de convertirse en una fuerza importante para las próximas elecciones. Pero, ¿quién está realmente detrás de esta iniciativa?
Me cuentan que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está ejerciendo una gran influencia en este tema de las fuerzas regionales. Entre otras cosas, su movimiento En Marcha avaló a varios actuales alcaldes y gobernadores, como Carlos Fernando Galán y Dumek Turbay. De manera discreta, el ministro Cristo está organizando una estrategia electoral desde las regiones, apoyándose también en la Ley de Transferencias, que le da el impulso final a este esfuerzo. ¿Y quién estaría detrás de Cristo? El expresidente Juan Manuel Santos.
Por otro lado, se salvó la Nación de pagar una altísima suma gracias a una sentencia que lograron anular. ¿De qué se trata?
Es una decisión del Consejo de Estado que revocó otra del Tribunal Superior de Cundinamarca, la cual condenaba a la Nación a pagar 30 mil millones de pesos a un ciudadano. Este alegaba que se habían declarado como falsos unos CDT que en su momento tenían un valor importante, y que, con los años e intereses acumulados, alcanzaron cifras mucho más altas. Lo relevante aquí es que esta decisión pone fin a un proceso que generaba serias sospechas de corrupción. El magistrado que resolvió el caso fue Fernando Alexei Pardo Flores, hijo del asesinado líder de la UP, Jaime Pardo Leal.
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Ñapa: Hoy me informan que no se tomará una decisión sobre la medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz. Hoy se escuchará a la defensa, pero la decisión aún está pendiente.
