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La FM de RCN Radio conoció que la comunidad indígena wayúu de La Guajira le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, acelerar la imputación de cargos y petición de medida de aseguramiento por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), contra varios de los implicados.
Se trata del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, el exdirector de Función Pública, César Manrique y el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Molina, tras considerar que existe riesgo de que puedan destruir pruebas e influenciar a potenciales testigos.
Este llamado urgente fue realizado por parte del abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien actuando como representante civil de la comunidad indígena wayúu, extendió esta solicitud a las fiscales que coordinan el grupo especial que investiga las diferentes líneas de investigación en torno a este escándalo de corrupción.
“La razón principal de la solicitud a la fiscal general y a las fiscales del caso es evitar la obstrucción a la justicia mediante la destrucción de evidencias, manipulación de las mismas, manipulación de testigos y sobre todo, generar una impunidad mayor a la que hasta ahora se advierte en esa investigación judicial, por cuenta de actuaciones que repetirían lo que ya ocurrió con Sandra Ortiz, que al comienzo de la investigación ya se habían desaparecido 50 cajas de documentos, discos duros”, dijo.
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Según las pruebas recolectadas hasta este momento, Carlos Ramón González fue quien impartió instrucciones a Olmedo López para que coordinara con Sneyder Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo, al entonces Presidente del Senado Iván Name, al igual que la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al Presidente de la Cámara Andrés Calle, a través de Sandra Liliana Ortíz, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia.
En la misma petición se hace énfasis en la necesidad de adoptar prontas decisiones frente al capítulo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la celebración de contratos por más de 96.347 millones de pesos que fueron financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Así mismo, sostuvo: “Ahora cuánto más, tratándose de Carlos Ramón González, director de inteligencia del Gobierno Nacional y a su vez secretario general de la presidencia. Nótese de César Manrique, exdirector de la Función Pública, quien tenía el manejo de toda la documentación de los servidores públicos del Estado y, a su vez, Gerardo Vega, con quien hizo el negocio, la trapizonda de trasladar 100 mil millones de pesos, cuya investigación hasta ahora ha sido precaria también en un momento crítico e importante de la investigación”.
Según la Fiscalía Olmedo Lopez acordó con Sneyder Pinilla dirigir dichos contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques en sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos.
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De acuerdo con los investigadores Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a cambio de que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas.
El primer contrato de 2023 se relaciona con la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable como mecanismo de respuesta para atender la situación de desastre nacional, por 29 mil millones de pesos que fue adjudicado a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral - Yapurutú.
El segundo contrato de obra de 2024, se refiere a la adquisición de plantas desalinizadoras con un componente autónomo de energía solar, por un montos superior a los 42.428 millones de pesos, adjudicado al consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023.
La tercera orden de contratación que indaga la Fiscalía, hace referencia a la interventoría técnica, jurídica, y financiera del contrato, cuyo objeto es la adquisición de plantas desalinizadoras con un componente autónomo de energía solar por un valor de 2.547 millones de pesos, adjudicado a Siloh Group SAS.
El cuarto contrato de 2024 tenía por objeto el mantenimiento, repotencialización y puesta en marcha de aerodesalinizadores en el departamento de la Guajira, por más 11.199 millones de pesos y adjudicado a ACF Ingeniería SAS.
El quinto contrato de 2023 tenía por objetivo la ejecución de obras de emergencia para la construcción en bases e concreto reforzado para la instalación de tanques de almacenamiento de 5.000 litros en el departamento de la Guajira, por un valor que ascendió a los 6.558 millones de pesos, adjudicado a la Unión Temporal Bases de la Guajira.
El sexto contrato de 2023 se relaciona con la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de Pozos subterráneos de baja y alta capacidad para los municipios de Maicao y Manaure, por más de 4.351 millones de pesos, adjudicado a Tecnoaguas SAS.
El séptimo contrato que está en la lupa de la Fiscalía se refiere a la interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato suscrito para realizar adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de Pozos subterráneos de baja y alta capacidad para Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha, por más de 261 millones de pesos, adjudicado a Grupo Consultor e Ingenieros SAS.
En la acusación contra el exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barrero Gantiva, se señala que consiguió en acopio con el exdirector de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega entonces director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de conseguir la reducción por el monto cercano a los 100.000 millones de pesos de los recursos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, que terminaron siendo utilizados para direccionamiento de contratos en el marco de este entramado de corrupción.
¡Víctimas reclaman ser reparadas!
Igualmente, la comunidad indígena wayúu de la Guajira se siente revictimizada por el lento avance en el proceso judicial contra altos exfuncionarios del Gobierno implicados en este caso, la falta de responsabilización adecuada, la escasa entrega de recursos, ya que de los de 40 carrotanques prometidos tras destaparse este escándalo de corrupción, solo nueve estarían disponibles, generando una grave afectación para la la salud y vida de las comunidades vulnerables.
