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La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al presidente Gustavo Petro a una audiencia pública para el 13 de marzo. La mañana del viernes el mandatario deberá argumentar su desconfianza en los resultados de las elecciones del 8 de marzo ante el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano.
El tribunal responde a una solicitud del Ministerio Público, que pidió cesar “las actividades que puedan amenazar” el proceso electoral de 2026. La idea de la Procuraduría es que la autoridad judicial le ordene al jefe de Estado omitir afirmaciones que pongan en duda la transparencia electoral.
Lasso analiza una acción popular contra las manifestaciones del presidente sobre un posible fraude electoral, principalmente por el software que digitaliza las actas de las mesas. Aunque el tribunal no impartirá medidas cautelares antes del 8 de marzo, considera pertinente analizar la solicitud para después de las votaciones.
“Si bien el 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de votaciones para Congreso y consultas presidenciales, lo cierto es que dicha jornada tendrá una fase posterior que haría pertinente una eventual medida cautelar”, afirma la Sección Primera en un auto de quince páginas.
El presidente Petro podrá delegar al ministro del Interior, Armando Benedetti, para la audiencia del 13 de marzo, pero en todo caso debe pronunciarse sobre sus sospechas de fraude. En la diligencia el Gobierno encarará al registrador nacional, Hernán Penagos, y al presidente del Consejo Electoral, Cristian Quiroz.
Las instituciones se desmarcan de las dudas del Gobierno
Los entes de control y la Registraduría han cerrado filas alrededor de las elecciones de 2026. A días de los comicios legislativos, el órgano disciplinario y la autoridad electoral ratificaron la fiabilidad del sistema de conteo de votos, en medio de denuncias del Gobierno sobre un supuesto fraude.
El escepticismo del Ejecutivo, que se desprende del presidente Gustavo Petro, ha causado confrontaciones con el mensaje de transparencia electoral que buscan transmitir el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Aunque el tono ha bajado, las entidades aprovecharon un nuevo capítulo de la campaña ‘Paz Electoral’ para pronunciarse sobre las votaciones, que deben “unir a toda la nación colombiana”. “Estamos ante un país democrático, afortunadamente”, señaló Penagos, excongresista del Partido de La U.
“Hemos trabajado como nunca”, añadió el registrador desde la sede principal de la Registraduría en Bogotá. Eljach, al tomar la palabra, bautizó el sitio como “la Plaza de la Paz Electoral”. El proceso tendrá auditorías, veedurías internacionales y cientos de testigos electorales.
El ministro Benedetti reconoció que el mandatario ha impuesto un “manto de duda” sobre las elecciones, pero que los diálogos con la Procuraduría y la Registraduría brindan confianza. Aun así, advirtió que “falta ver el desarrollo de algunas cosas”, como el diseño de los formularios E-14.
La disputa por los formularios E-14 y el supuesto riesgo de fraude electoral
El 20 de febrero el procurador Gregorio Eljach anunció que vigilará la impresión y digitalización de los formularios E-14, que “por primera vez” se expedirán en triple copia con acompañamiento de veedurías internacionales y testigos electorales.
Un día antes, el presidente Petro aseguró en la Plaza de Bolívar que había “100% de riesgo de fraude electoral”. La narrativa crítica del jefe de Estado se ha extendido luego de que el registrador Penagos explicara que los jurados deben dejar espacios en blanco en los E-14.
Los formularios E-14 sirven para contar los votos de cada mesa. La Registraduría sostiene que tachones o guiones no previenen fraudes, sino que entorpecen la transmisión de datos. El presidente Petro, en cambio, afirma que los cuadros en blanco permiten anotar números falsos.
El procurador Eljach ha sugerido que los jurados que no sigan las indicaciones de la autoridad electoral pueden ser sancionados. Aunque son particulares, cumplen funciones públicas de forma transitoria, por lo que quien incumpla el mandato legal deberá enfrentar consecuencias disciplinarias.
Para blindar la confianza en los comicios legislativos, la directriz del registrador Penagos es que haya un formulario E-14 por cada partido o lista al Senado. Para Benedetti, además, debe existir una auditoría en el preconteo, aparte del escrutinio oficial.
Auditorías y observación electoral para blindar las elecciones
En términos simples, desde el lunes y hasta el domingo de elecciones no se puede modificar la programación del sistema que digitalizará los resultados. La Procuraduría custodiará el código fuente, que la Registraduría reveló el 25 de febrero ante partidos y órganos de control.
“La observación internacional ya está en Colombia”, explicó Hernán Penagos. La Unión Europea desplegó una misión de cuarenta observadores el 20 de febrero. El software electoral no puede traer datos distintos a los de las actas físicas, remarcó el registrador.
Sin mencionar directamente al presidente Petro ni a miembros de su gabinete, Penagos concluyó que “hay que trabajar para que la ciudadanía no sea instrumentalizada” y pidió que no se difundan narrativas de desinformación o noticias falsas.
El ministro Benedetti aseveró que existe “poca asistencia” a las capacitaciones de los encargados del escrutinio. También dijo que corresponde a la Registraduría explicar detalles del software electoral que evitará que se repita un caso como el del partido Mira en 2014.
La colectividad cristiana denunció errores e irregularidades en esas elecciones. Inicialmente no superó el umbral para el Senado, pero una sentencia del Consejo de Estado de 2018 revisó decenas de decisiones del CNE y finalmente le otorgó tres curules.
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