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La discusión de esta iniciativa promete calentar el debate en el Congreso debido a que, según la oposición, esto rompe la promesa del Gobierno de no introducir el texto de La Habana al denominado bloque de constitucionalidad.
“En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”, señala el texto.
El Centro Democrático ha señalado que este artículo, que habla del cumplimiento de lo pactado en el marco de los Derechos Humanos y el DIH, es una trampa que obliga al Estado de por vida a no modificar los acuerdos de paz.
De igual forma, aseguran que la iniciativa amarra los planes de gobierno de los mandatarios regionales y los obliga a tener políticas relacionadas con la paz.
“Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”, añade el proyecto.
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