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Sigue creciendo la controversia por la facultad que tiene el presidente de la República, Iván Duque de objetar o sancionar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Un grupo de dirigentes políticos, académicos y empresarios de la centro-derecha, le enviaron una carta al Jefe de Estado solicitando evaluar muy bien algunos puntos de esa norma que, de ser aprobados, podrían traer impunidad al país.
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“Creemos que se deben evaluar detalladamente los problemas que se derivan de las diferentes cláusulas relativas a la conexidad del delito político, especialmente las conductas de abuso sexual, el incumplimiento de obligaciones por parte de comparecientes a la JEP, la pérdida de beneficios por reincidencia en delitos como el secuestro, narcotráfico y la extradición de estos y el tratamiento que se llegue a dar a los delitos continuados y permanentes y a otras graves violaciones a los DD.HH.”, señala la carta.
Afirman además que la Corte Constitucional le entrega la facultad al Jefe de Estado de rechazad algunos artículos de esa ley, si así lo considera.
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“Las objeciones por inconstitucionalidad versan sobre la juridicidad del proyecto, sobre la cual corresponde la Corte Constitucional pronunciarse en última instancia. Las objeciones por inconveniencia, versan sobre el contenido social, político o económico de la norma y corresponden al control interno orgánico propio de las constituciones que inspiran el principio de la división de poderes relacionados entre sí”, indican.
Y añaden: “Consideramos que en el proceso de sanción presidencial, el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz resultaría relevante un análisis en los criterios con base en los cuales se definen la procedencia del otorgamiento de las amnistías e indultos, así como las formas de verificación de los presupuestos de concesión de estas”.
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