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El presidente Juan Manuel Santos ordenó al Ministerio de Defensa la intervención urgente por 30 días, de ocho departamentos, tras identificar cuáles son los más afectados por el asesinato de líderes sociales.
De acuerdo con Santos, se trata de los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó, en los cuales buscarán atender a la población y evitar que se sigan presentando crímenes contra los líderes y defensores de Derechos Humanos.
El mandatario tomó varias decisiones, como ampliar y dar celeridad al programa de medidas colectivas de seguridad, sumando a los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame. Además, ordenó priorizar el componente de seguridad a líderes sociales y de DD.HH. con acciones de control microfocalizadas en veredas priorizadas.
El primer mandatario pidió fortalecer la protección colectiva, en la que, según explicó el Ministerio de Defensa, pondrán en marcha las Unidades Básicas de Protección (UBP), dependientes de las seccionales de protección de la Policía, para desarrollar esquemas colectivos.
Santos fortaleció la Unidad Nacional de Protección (UNP), con una inyección económica de 50 mil millones de pesos y anunció que fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por la Defensoría del Pueblo, al interior del Sistema de Prevención y Alerta creado en el acuerdo de paz.
“Ordené crear una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior, a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de DD.HH.”, puntualizó Santos.
De igual forma, manifestó que se creó un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes sociales; recompensas que serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes.
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