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El presidente Gustavo Petro se anticipó al fin de la vacancia judicial. Las altas cortes retomarán su actividad este martes, 13 de enero, tras el receso colectivo reglamentario que comenzó el 20 de diciembre del año pasado. El mandatario se pronunció durante la madrugada en defensa del aumento del salario mínimo que decretó.
Petro aseguró que el acto administrativo que fijó en un 23% el porcentaje del incremento frente al 2025 enfrentará varias demandas, y convocó a la ciudadanía a movilizarse para defender lo que calificó como un "salario vital y familiar"
A través de un extenso hilo en su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que desde este martes sectores empresariales y económicos acudirán a “sus amigos en el poder judicial” para intentar tumbar tanto el decreto salarial como el que, en el marco de la emergencia económica, obliga a los grandes conglomerados a pagar más impuestos.
El mandatario sostuvo que el salario mínimo que su gobierno fijó se basa en cálculos del DANE sobre el costo de la canasta básica familiar y el número promedio de trabajadores por hogar, lo que —según explicó— arroja una cifra cercana a los dos millones de pesos mensuales. A su juicio, el monto corresponde al “mínimo vital” que ordena el artículo 53 de la Constitución.
Petro rechazó los argumentos que califican el aumento como inconstitucional o inflacionario, y aseguró que “la ciencia económica los desmiente”. Citó datos oficiales según los cuales los costos de producción habrían disminuido en 2025, y afirmó que el incremento real del salario mínimo en su administración no ha generado presiones inflacionarias.
En ese contexto, el presidente acusó a empresas que indexan precios al salario mínimo de especular y anunció que, en su condición de mandatario, no permitirá prácticas que —dijo— violan las normas de competencia y afectan a consumidores y trabajadores. También advirtió que esas conductas podrían ser sancionadas.
Petro defiende el aumento y denuncia especulación empresarial
La comunicación vinculó el debate salarial con su agenda política y electoral. Señaló que la compra de votos y la influencia de grandes capitales en el Congreso han impedido durante décadas el cumplimiento del mandato constitucional sobre el salario vital. Por ello, anticipó que el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley para que los futuros presidentes estén obligados a decretar un salario mínimo vital y familiar.
Petro afirmó que esa iniciativa debería ser discutida por el próximo Congreso o, eventualmente, por una Asamblea Nacional Constituyente, y llamó a los ciudadanos a “pensar su voto” y no respaldar a quienes —según él— legislan en favor de los grandes grupos económicos.
Finalmente, el presidente convocó a una movilización social para defender el aumento del salario mínimo y otras medidas económicas de su gobierno. “A defender la vida y la familia contra los depredadores con poder”, escribió, al tiempo que pidió a la Policía actuar contra la compra de votos y garantizar la libertad electoral.
El decreto del salario mínimo para el 2026, que el presidente Gustavo Petro firmó para fijar el monto en $2'000.000, contando el llamado salario vital más el auxilio de transporte, seguramente llegará al Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.
La alta corte puede revisar todos los decretos del Gobierno siempre y cuando les anteceda una demanda de nulidad, contrario a, por ejemplo, los decretos de estados de excepción —como la emergencia económica, que Petro también suscribió—, que la Corte Constitucional examina de oficio.
Cuando una potencial acción de nulidad llegue a los despachos del Consejo, se repartirá en una de sus secciones. La Sección Segunda, que actualmente tiene cinco magistrados y una magistrada, se encarga de resolver conflictos laborales o pensionales con el Estado, y tomaría el recurso.
El salario mínimo llegará al Consejo de Estado
Si no lo hace la Segunda, lo hará la Primera, que esencialmente se ocupa de asuntos que, por las argumentaciones de las demandas, no le corresponderían a las otras cinco secciones. Ya hay un antecedente clave. En 2017 la Segunda anuló un decreto de 2015 que fijó el salario de 2016.
La Segunda consideró "necesario exhortar" al Gobierno para que, cuando fije "de manera unilateral" el salario mínimo después de que fracase la etapa de concertación, "lo haga en estricto cumplimiento de la carga motiva" que aparece en las normas, especialmente en la Ley 278 de 1996.
Según la ley, el Ejecutivo debe basarse en la meta de inflación del año siguiente que determina el Banco de la República, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto y el índice de precios al consumidor.
El Consejo de Estado precisó que cada variable debe comprender "el mismo nivel e incidencia", y que el análisis técnico tiene que sumarse al "carácter prevalente" de la protección constitucional del trabajo y del objetivo estatal de asegurar el acceso de todos a bienes y servicios.
La sentencia servirá de precedente ante las eventuales nulidades contra el Decreto 1469 de 2025. La discusión jurídica será novedosa por el abordaje del concepto de salario mínimo vital, y considerará cómo el gobierno de Petro aspira a cerrar lo que llama "brecha de suficiencia material".
En contraste con hace diez años, la administración de Petro —con Germán Ávila como ministro de Hacienda y Antonio Sanguino en la cartera de Trabajo— incluyó premisas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y parámetros sociales separados de los netamente económicos.
