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La representante a la Cámara Lina Garrido, de Cambio Radical, advirtió que el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias para retomar la discusión de la reforma pensional se basó en una falsa motivación, dado que no existía providencia judicial de la Corte Constitucional en el momento de su expedición.
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En entrevista con La FM de RCN, la vicepresidenta de la Cámara señaló que la decisión del presidente Gustavo Petro se sustentó únicamente en un comunicado de prensa no vinculante, emitido por la oficina de comunicaciones de la Corte.
Garrido insistió en que el auto de la Corte aún no está firmado por todos los magistrados, y que la Corte, en respuesta oficial, le confirmó que el documento seguía en proceso de recolección de firmas. “Hoy en día no hay providencia judicial. Hubo una falsa motivación por parte del presidente de la República para la convocatoria extra”, expresó. La congresista subrayó que el decreto fue expedido el mismo día en que la Corte solo había emitido una comunicación preliminar, sin que existiera aún una decisión formal debidamente notificada y ejecutoriada.
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Durante su intervención, Garrido también criticó la manera en que la Cámara respondió al decreto. Aseguró que la convocatoria a los representantes se hizo con apenas dos horas de anticipación, incumpliendo la Ley Quinta que rige el funcionamiento del Congreso. “A las 4 de la tarde convocaron para sesionar a las 7 de la noche. Ni siquiera hubo quórum ese día”, relató. Según la representante, la sesión del día siguiente se desarrolló sin claridad por parte de los congresistas sobre qué era exactamente lo que estaban votando.
Garrido calificó como “vergonzoso” que se hubiese actuado con tanta premura pese a que la Corte otorgaba un plazo de 30 días tras la notificación oficial para subsanar el vicio de trámite que había detectado en la reforma pensional. A su juicio, el Gobierno está más interesado en mantener activo el discurso de “bloqueo institucional” que en hacer bien los procesos legislativos. “Todo esto genera un limbo jurídico y pensional grave, que afecta directamente a millones de colombianos que esperan claridad sobre sus ahorros y derechos”, advirtió.
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La representante concluyó haciendo un llamado a los magistrados de la Corte Constitucional para que no permitan una tercera oportunidad en este proceso, dado que, según ella, lo que hay es una cadena de irregularidades. “Aquí lo que hicieron fue correr en un día simplemente por presiones políticas del presidente de la República”, finalizó.
