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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) alertó sobre los riesgos que implica la reforma a la salud aprobada en la Cámara de Representantes.
Según el gremio, la iniciativa "no resuelve los problemas del sistema y pone en riesgo su sostenibilidad", además de no contar con una justificación desde el punto de vista fiscal.
"La propuesta gubernamental no resuelve los retos actuales del sistema y profundiza la crisis financiera cuya desatención actual amenaza la salud de los colombianos", afirmó la Andi en un comunicado.
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El gremio recordó que la Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, evidenció deficiencias en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que afecta el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
La Corte ordenó revisar y reajustar la UPC para garantizar su suficiencia. En este contexto, la Andi señaló que "es contrario al mandato constitucional de protección del derecho fundamental una sustitución total del sistema de salud sin antes equilibrar financiera y operativamente el mismo".
Además, advirtió que la reforma no enfrenta de manera adecuada los problemas estructurales de financiamiento y que ampliar las obligaciones del Estado sin garantizar fuentes claras "solo profundizará el desbalance económico del sector".
El gremio también reiteró que su análisis evidencia un impacto fiscal insostenible. "Nuestros cálculos arrojan un déficit de $141,4 billones en los próximos 10 años, mientras que los cálculos del Ministerio proyectaban un superávit de $21,8 billones. Es decir, una diferencia de $163 billones", explicó.
De acuerdo con la Andi, la mayor discrepancia en los cálculos radica en la proyección del gasto en servicios de mediana y alta complejidad. "El Gobierno asume que las mejoras en atención primaria modificarán casi de inmediato la senda de gasto en estos servicios, un supuesto que no es coherente con el envejecimiento de la población, el cambio tecnológico ni la evolución de la UPC en los últimos 15 años", advirtió.
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Finalmente, la Andi reiteró su compromiso con un sistema de salud que garantice calidad, acceso y sostenibilidad, e instó al Gobierno y al Congreso a considerar alternativas que fortalezcan el sistema sin comprometer su estabilidad ni la responsabilidad fiscal del país.
