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La mesa de trabajo Fuerza Púrpura, que reúne a 68 organizaciones de veteranos, reservistas y pensionados de la Fuerza Pública, enviaron un duro comunicado para rechazar una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitida el pasado 17 de noviembre, en la que acepta de forma excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como "sujeto funcional y materialmente incorporado a la Fuerza Pública entre 1989 y 2004".
Para los militares retirados, con la aceptación de Mancuso, la JEP "viola los términos del Acuerdo de Paz con las FARC" y del marco jurídico para la paz y se está extralimitando en sus funciones.
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La decisión, añaden, "contiene flagrantes prejuzgamientos y generalizaciones en contra de la Fuerza Pública como institución y en contra de todos sus miembros, pasados y presentes, actitud impropia de un tribunal o juez".
En ese sentido, las organizaciones de Fuerza Púrpura refuerzan las opiniones de quienes señalan a la JEP de ser un tribunal político que persigue a los miembros de la Fuerza Pública y convierte al Ejército en un "aparato organizado de poder criminal", mientras que trata de "franquear los crímenes de las Farc".
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"La resolución 3804 —con la que se admitió a Mancuso— constituye una muestra más del trato discriminatorio en contra de la Fuerza Pública que ha venido siendo corriente en las actuaciones de la JEP", añaden.
Por último, los militares, veteranos y reservistas aseguran que su posición es clara: "todos los criminales y delincuentes deben pagar por sus delitos penas consecuentes con la gravedad de estos; en ellos incluimos a los miembros de la Fuerza Pública que incumpliendo los mandatos legales se hayan apartado de la ley y le hayan fallado al compromiso con la patria".
"No fueron las Fuerzas Armadas ni los Reservistas y Veteranos quienes tramitaron penas alternativas irrisorias para gravísimos crímenes de lesa humanidad. Nos oponemos vehementemente a todo trato preferencial a criminales y delincuentes, del origen que sea", concluyen.
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