DNI habría solicitado el censo electoral a la Registraduría: revelan documentos secretos de la entidad

Una carta firmada por René Guarín, director encargado de la entidad, solicitaba información detallada de los ciudadanos habilitados para votar. La Registraduría negó la petición.
Elecciones 2026 - DNI
Los documentos también mencionan un supuesto plan para atacar el sistema electoral y señalan al hacker Carlos Oyola como líder de una operación que buscaría alterar los resultados de las elecciones. Crédito: Alcaldía de Tunja Boyacá - DNI

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría intentado obtener una copia del censo electoral de Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026. Así lo evidenciaría una comunicación firmada por René Guarín, director encargado de la entidad, en la que solicitó a la Registraduría Nacional información detallada de los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

El requerimiento, enviado el 9 de abril, estaba relacionado con supuestas labores de contrainteligencia y contemplaba la entrega de una base de datos con información personal de los votantes. La solicitud se habría realizado bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.

La información fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que tuvo acceso a documentos internos y archivos secretos de la DNI. El contenido de la comunicación generó cuestionamientos sobre las facultades de la entidad y los posibles riesgos que habría representado entregar esa información a un organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República.

"Requerimiento técnico: para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar".

¿Qué información del censo electoral habría solicitado la DNI?

En el documento firmado por Guarín, la entidad planteó un requerimiento técnico para obtener el censo electoral nacional vigente en un archivo que permitiera procesar la información en sus sistemas de análisis.

La petición no se limitaba a conocer el número de personas habilitadas para votar. Por el contrario, solicitaba datos individualizados de los ciudadanos, entre ellos:

  • Documento: número de cédula de ciudadanía.
  • Género: identificación como hombre o mujer.
  • Edad: edad actual de cada ciudadano.
  • Grupo poblacional: pertenencia a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y pueblo Rom o gitano.
  • Puesto de votación: nombre, dirección, municipio y departamento.
  • Estado de vigencia: confirmación de que la persona estuviera habilitada para votar.

La DNI habría sustentado su petición en razones relacionadas con la seguridad nacional. Sin embargo, de acuerdo con la información revelada, no habría presentado un soporte legal que justificara el acceso a una base de datos de esas características.

La Registraduría finalmente negó la solicitud, luego de presentar diferentes argumentos legales frente al requerimiento.

Los documentos también mencionan un supuesto plan para atacar la Registraduría

El 18 de marzo, la DNI emitió un comunicado en el que alertó sobre supuestos ciberataques contra entidades del Estado, entre ellas la Dian, que podrían extenderse a la Registraduría.

En ese pronunciamiento, la entidad hizo referencia a la posibilidad de:

"Alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, tanto en las etapas previas como posteriores a la jornada de votación".

Después de que la Registraduría rechazara la entrega del censo electoral, los documentos internos de la DNI conocidos por Noticias Caracol señalan la existencia de un supuesto plan alternativo: atacar los sistemas de la autoridad electoral.

En esos informes aparece el nombre de Carlos Oyola, un hacker identificado como presunto líder de la red que tendría a su cargo esa operación. Uno de los documentos señala:

"Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio. Junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".

¿Qué se sabe del hacker señalado en los documentos de la DNI?

Uno de los aspectos que llama la atención de los informes es la situación judicial de Carlos Oyola. Según la información revelada, el hacker tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial.

Pese a esa orden, habría permanecido en libertad durante varios meses, mientras se desarrollaban las elecciones presidenciales. Finalmente, fue capturado y el viernes 13 de noviembre fue enviado a prisión por decisión de un juez de Bogotá.

En medio de las jornadas electorales también se registraron denuncias por ataques informáticos contra la página web de la Registraduría. Entre la primera y la segunda vuelta, la Fiscalía General de la Nación recibió reportes relacionados con 109 millones de ataques al portal de la entidad.

De acuerdo con la información conocida, ninguno de esos ataques logró afectar el sistema electoral.

Los documentos sobre la solicitud del censo y el supuesto plan para intervenir los sistemas de la Registraduría se suman a los cuestionamientos que ha enfrentado la Dirección Nacional de Inteligencia durante el Gobierno de Gustavo Petro, particularmente por el alcance de sus actuaciones y la necesidad de establecer mecanismos efectivos de control.

Al respecto, Alejandra Barrios insistió en que el funcionamiento de esta entidad debe ser objeto de una discusión de fondo: "Una democracia no se puede dar el gusto de tener una agencia de inteligencia sin ningún tipo de control adscrita al Ejecutivo, eso no es democrático".

Expertos advierten riesgos por la solicitud del censo electoral

La petición generó preocupación por las implicaciones que habría tenido la entrega de información personal de millones de colombianos a un organismo de inteligencia.

El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo aseguró en Noticias Caracol que la solicitud lo tomó por sorpresa y destacó que no conocía antecedentes de un requerimiento similar por parte de una entidad de inteligencia.

"Fue absolutamente sorpresivo conocer esa circunstancia, porque además nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido y tampoco nunca que la Registraduría haya accedido a brindar esa información", manifestó.

Galindo también advirtió sobre los riesgos de una eventual filtración de los datos de identificación y los lugares de votación de los ciudadanos.

"Se podrían filtrar sus datos respecto a la identificación de las personas, número de cédula, nombre de la persona y el sitio donde vota para efectos, en dado caso, para algún tipo de manipulación de electores o algo semejante", explicó.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló en el medio que entregar el censo electoral detallado a un tercero podría abrir la puerta a diferentes delitos e irregularidades electorales.

"La entrega del censo electoral a un tercero con la información detallada puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, puede llevar fácilmente a la compra de votos o a cualquier otro tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral; o por ejemplo, presión a los ciudadanos o amenazas de quitarles servicios que les preste el Estado si no votan por determinadas candidaturas", advirtió.

Barrios también cuestionó qué operación de inteligencia habría requerido acceder a la totalidad del censo electoral precisamente en medio de uno de los procesos presidenciales más disputados de los últimos años.

"Qué tipo de operativo o qué operación requería tener todo el censo electoral de los ciudadanos, precisamente cuando estamos en uno de los procesos electorales más disputados que hemos tenido en los últimos años", cuestionó.

La directora de la MOE planteó, además, la necesidad de revisar el papel de la DNI dentro de una democracia y los mecanismos de vigilancia sobre sus actuaciones.

"Tiene que darse una discusión muy seria sobre cuál es el papel en una democracia de una agencia o de una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin ningún tipo de control, con capacidad de hacer solicitudes sin dar ningún tipo de explicación, y tomar la decisión de finalizar con esa dirección o establecer unos controles, pero son unos controles draconianos", sostuvo.


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