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El fallo de segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos provocó un choque de opiniones en el salón elíptico del Congreso, donde la Cámara de Representantes desarrolló este martes su sesión plenaria.
Antes del inicio de la jornada, un puñado de congresistas aprovechó la coyuntura para levantar su voz en favor y en contra del exmandatario, que salió bien librado ante el Tribunal Superior de Bogotá luego de una condena en primera instancia.
Uno de los que festejó la absolución fue José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, el partido que Uribe fundó y con el que volverá a lanzarse al Legislativo en 2026. El hermano del concejal Julián Uscátegui llevó una silueta del expresidente en cartón.
Según el representante, el nombre del ex jefe de Estado quedó "reivindicado" gracias a la decisión del Tribunal. "¿Hasta cuándo tendremos falsas víctimas en la justicia colombiana?", cuestionó, refiriéndose al senador Iván Cepeda sin nombrarlo.
Cepeda, parlamentario y precandidato presidencial del Pacto Histórico, y acreditado como víctima en el caso de Uribe, anunció que presentará una casación para que la Corte Suprema de Justicia zanje finalmente el litigio.
Y en la Cámara su compañero de coalición Alfredo Mondragón dijo que lo respaldará. “Vamos a ver qué dicen las instituciones, pero ya el pueblo condenó a Álvaro Uribe Vélez”, afirmó el representante del Valle del Cauca.
La representante Tamara Argote, también del Pacto, manifestó su "profunda preocupación" por la absolución. "Es necesario que nosotros, como pueblo colombiano, confiemos en el siguiente proceso, que es la casación", subrayó.
El congresista Christian Garcés, vasto opositor del presidente Gustavo Petro, sostuvo que el expresidente no tiene ninguna cuenta judicial pendiente y que ha recibido una "persecución política": "Lleva dándole la cara al país desde que terminó su gobierno".
"¡Se hizo justicia!", celebró por su parte el representante Andrés Forero, quien apuntó que el Tribunal "ha pulverizado" la condena inicial que hace más de dos meses impuso la jueza de Bogotá Sandra Heredia.
