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Se cumplieron las audiencias públicas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para escuchar a los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y de Medellín, Daniel Quintero, como primer requisito en los procesos de revocatoria de mandato.
El presidente del Consejo Electoral colombiano, Hernán Penagos, explicó que en los próximos días la Registraduría Nacional anunciará si aprueba o no el inicio de la recolección de firmas para las revocatorias.
"Lo que procede es que la Registraduría en los próximos días autorizará los formularios para el proceso de recolección de firmas o apoyos tendientes a llevar a cabo la revocatoria. El comité impulsor tendrá un plazo de 6 meses para radicar ante la Registraduría, las firmas que deben corresponder al 30% de los votos obtenidos por el alcalde municipal y al tiempo radica ante el CNE, las cuentas o gastos derivados de este proceso de recolección firmas. La Registraduría avalará si procede o no continuar con la revocatoria", explicó el Presidente del CNE.
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Tanto Daniel Quintero como Claudia López señalaron que los delegados de los comités de las revocatorias al mandato que expusieron sus razones, por las cuales consideran que los alcaldes de Medellín y Bogotá deberían salir de sus cargos, fueron candidatos por el Centro Democrático y se quemaron en las pasadas elecciones.
Mientras que el representante del comité promotor que busca que haya revocatoria del mandato en Medellín Julio Enrique Gonzalez, hizo énfasis en un supuesto mal manejo de las Empresas Públicas de Medellín (EMP) y el proyecto de Hidroituango, el delegado para la revocatoria en contra de la alcaldesa de Bogotá José Miguel Santamaría, afirmó que la mandataria no cumplió con su programa de Gobierno y señaló que el hospital alterno creado en Corferias, no cumplió las expectativas generando un posible detrimento económico.
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Los alcaldes de Bogotá y Medellín coincidieron en decir en que el país se encuentra pasando una difícil situación en materia de salud y en materia económica por cuenta de la pandemia, por lo que señalaron que sería inconveniente que se destine un presupuesto en un proceso de revocatoria de mandato.
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