Procuraduría rechaza recusación de Álvaro Leyva contra procurador del juicio contra el canciller

La procuradora general, Margarita Cabello, rechazó la recusación de Álvaro Leyva contra el procurador Ernesto Espinosa, quien es el encargado de adelantar el juicio contra el suspendido canciller por el caso de la licitación de los pasaportes. 

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La defensa de Leyva alegaba una supuesta enemistad del procurador delegado por unos trinos que publicó contra el gobierno Petro, pero la procuradora rechazó estos señalamientos al indicar que esa aparente 'enemistad' debe comprobarse.

“La enemistad grave no se demuestra a partir de las propias apreciaciones o presunciones, ni analógicamente, sino demostrando unos actos realizados, en este caso, del ministro disciplinable y del procurador recusado (…) porque el mero capricho no lo habilitará para apartarse del conocimiento del asunto”, asegura el documento. 

El abogado Yefferson Dueñas, representante legal de Leyva, el defensor también afirmaba que los funcionarios no sólo deben ser imparciales sino también “parecerlo”, por lo que la procuradora recordó un caso del Tribunal Europeo de Derechos humanos, en el que resaltan que “las apariencias podrían tener importancia”. 

Sin embargo, la procuradora respondió que “de ello no se deriva, como regla, que cualquier circunstancia aparente entrañe una desconfianza en el funcionario, que conlleve a su separación del proceso”, agrega el documento. 

Frente a estas explicaciones, Cabello concluyó que no se evidencia alguna afectación a la autonomía o imparcialidad del procurador Espinosa por las supuestas acusaciones que señala el abogado defensor.  

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“En el ámbito de lo meramente objetivo, exista prueba de la existencia de un motivo que permita poner en entredicho la serenidad de ánimo, independencia, autonomía, transparencia e imparcialidad del procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Forero”, finalizó la procuradora. 

Por este caso, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó una tutela presentada por Álvaro Leyva y dejó en firme la suspensión provisional de tres meses que fue impuesta por la Procuraduría en enero de este año.