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El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela impuesta por el suspendido canciller Álvaro Leyva que pedía anular la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría por el caso de la licitación de los pasaportes.
El tribunal resalta que la medida es proporcional a la investigación disciplinaria pues asegura que calificar el impacto de las faltas presuntamente cometidas por Leyva es un asunto que corresponde al Procurador delegado para este caso.
“Resulta innegable que establecer el alcance, magnitud y gravedad de las faltas presuntamente cometidas por el disciplinado es un asunto que atañe al encargado de la causa disciplinaria y que no le es dable al juez constitucional suplantarlo en dicha labor”, afirmó el fallo.
El Canciller y su defensa, en la tutela afirmaban que con esta determinación, el organismo de control incurría en un prejuzgamiento, pues están desconociendo la presunción de inocencia del investigado, pero el magistrado ponente rechazó este argumento.
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“De ninguna manera implica prejuzgamiento, ni desconocimiento de su presunción de inocencia, si se tiene en cuenta que
no se está ante una sanción, pero que sí podría resultar beneficiosa al interés general y a la realización de derechos constitucionales superiores”, agrega el documento.
La Sala de Decisión Civil, concluyó que la Procuraduría no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso del suspendido Canciller por lo que mantuvo en firme la sanción provisional.
“Luego de examinar el fondo del asunto se constató que las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación no vulneraron ni amenazaron sus derechos constitucionales fundamentales”, concluyó la decisión.
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Este caso está a la espera de que la procuradora general, Margarita Cabello, resuelva una recusación presentada por la defensa contra el procurador de la Sala de Juzgamiento, Ernesto Espinosa, quien es el encargado de adelantar el proceso de juicio disciplinario, pues la defensa de Leyva alega que el funcionario tiene una enemistad contra los miembros del Gobierno Nacional por declaraciones en redes sociales contra el presidente Gustavo Petro.
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