La FM en Google News
María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte, requirió información de la Aeronáutica Civil. La entidad, vigilada por la agencia nacional, no proporcionó toda la documentación. La jefa de cartera tachó la desatención como una “falta de respeto”. Ahora la Procuraduría General de la Nación investigará.
La Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa abrió una indagación previa contra funcionarios “por determinar” que habrían sido parte de una red de contratos entregados a dedo por la influencia de Gabriela Muñoz, una creadora de contenido y estudiante de derecho de veintiún años con aparente poder en la Aeronáutica.
De acuerdo con Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien la última semana denunció al presidente Gustavo Petro y habló públicamente de irregularidades en varias entidades, Muñoz participó en reuniones de alto nivel e influyó en nombramientos.
Rodríguez no es la única que señala a Gabriela. José Henry Pinto, exdirector de la Aeronáutica buena parte de 2025, aseguró que Gabriela y su hermano, el piloto Santiago Muñoz, entraron a la Aerocivil por recomendación de su madre, Liliana Olaya, exfuncionaria de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien llevó sus hojas de vida.
La Procuraduría abre la primera línea de investigación
Los Muñoz Olaya entraron primero a cargos asistenciales por cuenta de su formación académica. Gabriela ni siquiera ha terminado sus estudios, Santiago inició como auxiliar V de la dirección nacional. Con el tiempo, otros familiares entraron a la Aeronáutica, como Silvana Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz y Daniel Arias, sus primos.
En total, la Procuraduría indagará seis “hechos jurídicamente relevantes” que podrían ser faltas disciplinarias. El primero, las presuntas irregularidades en la vinculación de los Muñoz Olaya y sus primos. Luego, la “presunta participación irregular” de Gabriela en “asuntos ajenos al ámbito de sus funciones” y en “decisiones de alto nivel”.
Además, un “presunto tráfico de influencias” de Gabriela Muñoz a favor de familiares y allegados, y posibles ilicitudes en la suscripción de un contrato por cuatrocientos millones de pesos en enero de 2026. A principios de año, el director de la Aeronáutica, Luis Alfonso Martínez, declaró hábiles varios sábados, domingos y festivos.
La intención del contador era preparar documentos precontractuales, gestionar procesos licitatorios, aprobar contratos estatales y firmarlos y perfeccionarlos. Narda Duperly Roa Ibarra era asesora de la dirección general, pero renunció manifestando presiones para suscribir estudios previos del convenio de cuatrocientos millones.
El contrato que pasó de $400 millones a $12.000 millones
El contrato, posteriormente, recibió varias adiciones hasta costar doce mil millones. Aún no está claro de qué acuerdo se trata, pero Narda Roa podrá explicarlo a detalle: la Procuraduría ordenó recibir su testimonio, además del de Angie Rodríguez, quien puntualizará por qué denuncia “la presunta influencia de Gabriela Muñoz Olaya”.
La Aeronáutica Civil tiene diez días para remitir varios documentos al Ministerio Público: certificaciones de quién era su secretario general entre enero de 2025 y julio de 2026; los actos administrativos de nombramiento de los hermanos Muñoz y sus primos, e informes de reuniones en las que Gabriela haya estado.
También, un “informe detallado y soportado” que precise cuál fue el contrato que, “producto de modificaciones y/o adiciones”, costó doce mil millones de pesos y provocó la salida de Roa. Y cómo funcionó la “habilitación en la vigencia 2025 y lo que va de la vigencia 2026” de los horarios no hábiles para mover contratos.
La indagación es “la etapa inicial” y busca “tener claridad sobre el autor de una eventual falta disciplinaria”, a partir de hechos que el ente de control califica como “irregulares” y en los que “puede verse involucrada la conducta de servidores públicos y/o particulares sujetos disciplinables”, dice el auto que impulsa el proceso.
La ministra intervino tras denunciar desatención de la Aerocivil
Angie Rodríguez sostuvo en una entrevista con Noticias RCN que Gabriela Muñoz “manejó a su antojo la Aeronáutica Civil”, gracias a una aparente cercanía de la joven con el presidente Petro. “Me llaman dama de compañía, insinúan que mi trabajo dependió de ser mujer. Eso no es periodismo, es violencia”, se defendió la estudiante.
Liliana Olaya, la madre de Gabriela, confesó en una historia de redes sociales que no fue su hija la que “supuestamente metió a unos primos a trabajar allá” en la Aerocivil. “No fue ella, fui yo”, añadió. “He ayudado a mucha gente a conseguir empleo a lo largo de mi vida, para dignificar su vida”, agregó, confesando nepotismo.
Este viernes, un día después de que la Procuraduría echara a andar la indagación previa, la ministra María Fernanda Rojas le pidió al director Martínez “adoptar de manera inmediata todas las medidas administrativas, regulatorias, contractuales, presupuestales y de inspección” para garantizar la seguridad aeroportuaria.,
Rojas le envió un oficio —que La FM reveló en primicia— al funcionario advirtiendo sobre “situaciones que comprometen la disponibilidad, continuidad y suficiencia de los servicios, sistemas e infraestructuras destinados a garantizar la operación segura de los aeródromos”, y una reiterada negligencia de Martínez ante los requerimientos de la cartera.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué investiga la Procuraduría en la Aeronáutica Civil?
El Ministerio Público abrió una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en la contratación, presunto tráfico de influencias y participación indebida de Gabriela Muñoz en decisiones de alto nivel, además de posibles anomalías en la vinculación de sus familiares a la entidad.
¿Por qué Gabriela Muñoz quedó en el centro de la investigación?
Porque, según denuncias conocidas por la Procuraduría, habría influido en nombramientos, contratos y decisiones ajenas a sus funciones dentro de la Aerocivil. La investigación también busca establecer si favoreció a familiares y allegados mediante un presunto tráfico de influencias.
¿Qué contrato llamó la atención de la Procuraduría?
El ente de control indaga un contrato que comenzó con un valor cercano a los $400 millones y que, tras varias modificaciones y adiciones, alcanzó los $12.000 millones. La Procuraduría ordenó recaudar documentos y testimonios para establecer cómo se produjo ese incremento.
¿Qué papel tuvo el Ministerio de Transporte en el caso?
La ministra María Fernanda Rojas cuestionó que la Aerocivil entregara información incompleta sobre la contratación y calificó esa respuesta como una “falta de respeto”. Además, ordenó adoptar medidas para garantizar la seguridad aeroportuaria ante las deficiencias advertidas en la entidad.
