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El Consejo de Estado recibió este miércoles la primera demanda contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por la intensión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para el año 2026.
Un mecanismo de origen presidencial que surgió después de que el Congreso de la República aprobara la reforma laboral, hecho que revivió el debate sobre la viabilidad y el proceso necesario para llevar a cabo una transformación constitucional de esta dimensión.
La pretensión de quererse ordenar al Gobierno que se abstenga de llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana fue instaurada por el abogado constitucionalista, Germán Calderón España. Una de las figuras del derecho que ha proferido varias acciones en contra del Gobierno Nacional.
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Según el demandante, esta iniciativa gubernamental violaría los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de legalidad, a las reglas mismas que regulan la Asamblea Nacional Constituyente y la Consulta Popular.
Sin embargo, Calderón también precisa que en medio de esta iniciativa también se amenazan derechos políticos de los ciudadanos que estarían en contra de la Asamblea.
Por otro lado, el ministro de Justicia entrante, Eduardo Montealegre, quien es partidario de la convocatoria, anunció que este mecanismo sería realizado en marzo del 2026, donde los colombianos votaría frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
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Sin embargo, muchos sectores y académicos han expresado su preocupación frente a esta intención del presidente Gustavo Petro, mientras unos afirman que el presidente podría tener las facultades para esta convocatoria, otros experto académicos sostienen que para buscar una Constituyente se requiere una ley, unas mayorías y toda una suerte de pasos precisos y específicos, mas no una papeleta.
