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La FM de RCN reveló que el hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, suscribió un contrato de prestación de servicios en el área de contabilidad del Senado de la República por $17.333.333, con una duración de 42 días.
El contrato comenzó el 7 de noviembre y tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, este medio dio a conocer que el hermano de una de las cabezas del Legislativo también es contratista del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, entidad adscrita a la gobernación de ese departamento, actualmente liderada por Carlos Amaya, jefe político de Salamanca.
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Tras las revelaciones, el congresista salió en defensa de su familiar, afirmando que él está capacitado para desempeñar las funciones propias del cargo, sin embargo, su único ‘pecado’ es ser su hermano.
“Desde siempre he mencionado que varios integrantes de mi familia comparten conmigo la vocación de servicio público y se han preparado con mucho esfuerzo para hacerlo. Juan Carlos es un profesional íntegro, formado y capaz; su único pecado es ser hermano mío”, manifestó.
El representante a la Cámara agregó que sostuvo una conversación con su hermano, en la que este le explicó que se trata de un contrato “por un mes largo”, en el que no se comete ninguna irregularidad.
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“Hablando con él, me comenta que ha suscrito un contrato por un mes larguito en un tema de su profesión y en el cual cumple todos los requisitos de ley. Acá no hay nada ilegal ni impropio. Nosotros trabajamos y lo hacemos honestamente”, dijo.
Reacciones
La publicación de estos contratos por parte de la FM de RCN ha generado reacciones en el mundo político. El director del Movimiento Salvación Nacional cuestionó al representante.
“Pero qué maravilla: el hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, con cuatro meses en el cargo, ya tiene contrato con esa corporación y recibirá más de 17 millones por trabajar 42 días”, aseguró Gómez.
Mientras tanto, Santiago García, miembro de la veeduría ciudadana del Congreso, afirmó que los contratos de Juan Carlos Salamanca Torres podrían haber sido adjudicados gracias a la influencia de su hermano, lo cual constituiría un delito según el artículo 411 del Código Penal.
