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Continúa la polémica en el Congreso de la República por un proyecto de ley de autoría de la Fiscalía General de la Nación que busca diseñar nuevas medidas para combatir los hechos de corrupción en el país.
La iniciativa generó preocupación entre algunos sectores por un artículo que plantea castigar con cárcel de 4 a 8 años a los servidores públicos que filtren noticias o información a los medios, que tienen carácter reservado.
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El artículo dice lo siguiente: “El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de veinte (20) a ciento veinte (120) salario mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez (10) años”.
Esto prendió las alarmas por la posibilidad de que se afecte el ejercicio, ya que esta amenaza de prisión desincentiva la entrega de información crucial a los comunicadores.
Ante esta situación, el senador ponente Germán Varón Cotrino anunció que buscará introducir algunas correcciones a dicha propuesta, para que queden exceptuados los casos relacionados con el secreto profesional de los periodistas. “No habría sanción en el caso de que se le comunique a alguien que por un amparo legal como un periodista, pueda perfectamente de abstenerse de denunciar o poner en conocimiento a cualquier persona que fue su fuente”, dijo Varón.
Y añadió: “Si es necesario estableceremos dentro del artículo la excepción de que aquellas personas amparadas por ley para guardar una reserva de orden profesional, no estarán obligadas y no serán sujetas de dicha sanción”.
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El proyecto de la Fiscalía también contiene un artículo que elimina beneficios como la casa por cárcel para los corruptos. Esta propuesta podría caerse en el Congreso por falta de apoyo o podría no tener futuro en la Corte Constitucional. Fuentes indican que este inciso no cumple con el principio de consecutividad, ya que fue incluido a última hora en tercer debate y no fue discutido durante su tránsito por la Cámara de Representantes.
Belisario Moreno, asesor del fiscal general encargado, Fabio Espitia, y Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, hablan del polémico artículo que penalizaría filtración de documentos reservados.
