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Más de $13.320 millones de recursos públicos están bajo investigación por presuntas irregularidades en las obras de ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner, ubicada en La Calera, Cundinamarca.
La FM conoció que las tres empresas contratistas a las que la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal hacen parte del Consorcio EPIC PTFW, encargado de ejecutar el proyecto. La decisión, adoptada mediante el Auto No. 17 del 30 de septiembre de 2026 y anunciada este lunes 26 de octubre, está relacionada con un anticipo que quedó pendiente de amortizar después de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) declarara la caducidad del contrato.
¿Quiénes son las empresas involucradas?
El Consorcio EPIC PTFW estaba integrado por tres sociedades:
- ECMAN Engenharia S.A., sucursal Colombia, de origen brasileño.
- Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente, identificada en los antecedentes contractuales como PRISMA o PRISPMA.
- INGECOL S.A.
Estas compañías conformaron el consorcio contratado por el Acueducto para ejecutar las obras de ampliación de la planta Francisco Wiesner. La Contraloría informó que imputó responsabilidad fiscal contra tres empresas contratistas, a título de culpa grave.
La imputación busca establecer si las actuaciones de las empresas ocasionaron un daño al patrimonio público y si deben responder por los recursos involucrados. La identificación individual de las sociedades como destinatarias de los cargos debe confirmarse en el Auto No. 17.
Cuánto dinero recibió
El contrato de obra fue suscrito el 22 de diciembre de 2017, por un valor aproximado de $111.054 millones y un plazo inicial de 26 meses.
De acuerdo con los registros de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las actas de pago facturadas y pagadas al Consorcio EPIC PTFW sumaron $38.977.891.616 y US$1.987.251,93, según el informe de sostenibilidad de la entidad correspondiente a 2024.
El proyecto contemplaba la actualización y complementación de diseños, la construcción de las obras, el suministro y montaje de equipos y la puesta en marcha de las unidades de filtración, además de otras obras complementarias. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y los recursos entregados al contratista terminaron bajo revisión de los organismos de control.
Las obras quedaron abandonadas
Los trabajos se paralizaron el 15 de febrero de 2021. Para entonces, el avance físico reportado era de aproximadamente el 40,73 %.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá declaró la caducidad del contrato mediante las resoluciones 834 del 15 de septiembre y 890 del 30 de septiembre de 2021, después de los incumplimientos atribuidos al contratista. La decisión puso fin anticipado al proyecto y dio paso a actuaciones para exigir las garantías y las penalidades correspondientes.
Tras la terminación anticipada, quedó un anticipo pendiente de amortizar por más de $13.320 millones. Según la Contraloría, estos recursos no fueron ejecutados ni reintegrados a la empresa distrital.
Inhabilitado por cinco años
En octubre de 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció la inhabilitación por cinco años del Consorcio EPIC PTFW, tras el abandono de las obras durante seis meses.
La sanción se produjo después de que el Acueducto terminara anticipadamente el contrato. Para ese momento, el proyecto apenas había alcanzado cerca del 40 % de ejecución, pese a las prórrogas otorgadas.
Este antecedente se suma a la actual investigación fiscal, aunque se trata de actuaciones diferentes ,la inhabilitación está relacionada con el incumplimiento contractual, mientras que el proceso de responsabilidad fiscal busca determinar quiénes deben responder por el posible daño al patrimonio público.
¿Qué investiga la Contraloría?
La imputación se centra en el anticipo que quedó pendiente de amortizar tras la terminación anticipada del contrato. El organismo de control busca establecer qué ocurrió con esos recursos, si se produjo un daño al patrimonio público y quiénes tendrían que responder fiscalmente por los más de $13.320 millones.
La imputación a título de culpa grave no constituye un fallo definitivo. El proceso deberá determinar las responsabilidades que correspondan, con respeto por el derecho de defensa de las empresas involucradas.
Un litigio arbitral por más de $74.000 millones
El caso también llegó a un tribunal de arbitramento. En diciembre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que obtuvo un laudo favorable en la controversia relacionada con el incumplimiento del contrato de ampliación de la planta Francisco Wiesner.
La decisión del 15 de diciembre de 2025 ordenó al consorcio y a las aseguradoras vinculadas al proceso pagar más de $67.000 millones por perjuicios. Al incluir costas y gastos procesales, el monto reportado superaba los $74.000 millones. Adicionalmente, se reportaron obligaciones de las aseguradoras por $13.718 millones, correspondientes al valor máximo asegurado.
Nuevo contrato
Tras la caducidad del contrato original, la EAAB adelantó un nuevo proceso para terminar los trabajos. El 27 de diciembre de 2022 adjudicó al Consorcio PTAR Wiesner un contrato por cerca de $141.373 millones para continuar las obras. La paralización del proyecto obligó a buscar una nueva contratación para completar una intervención estratégica para el sistema de abastecimiento de agua de Bogotá. Ahora, con la imputación de responsabilidad fiscal por más de $13.320 millones, la Contraloría busca esclarecer qué ocurrió con el anticipo entregado al contratista y establecer quiénes deben responder por esos recursos públicos.
Puntos clave de la imputación fiscal por la planta Francisco Wiesner
- Origen del caso y monto imputado La decisión del organismo de control fiscal se centra en la imputación de responsabilidad fiscal por un monto superior a los 13.320 millones de pesos contra tres empresas contratistas. El proceso se origina por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato destinado a la actualización de diseños, la construcción y el montaje de equipos para la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner, infraestructura clave operada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- Causas de la sanción y caducidad contractual La actuación administrativa se desencadenó tras el incumplimiento en la ejecución del objeto contractual, situación que llevó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a declarar formalmente la caducidad del contrato. Esta figura legal dejó en evidencia un saldo pendiente por amortizar sobre el anticipo otorgado, el cual no fue representado en obras finalizadas ni devuelto a las arcas de la ciudad.
- Posición de la Contraloría sobre los recursos De acuerdo con las declaraciones de Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, la imputación busca recuperar dineros de carácter público que no fueron invertidos en el proyecto ni reintegrados a la entidad distrital. La gestión fiscal se concentra en hacer responder a las firmas contratistas por la indebida retención y falta de ejecución de los más de 13.320 millones de pesos girados inicialmente.
- Sustento legal y continuidad del proceso El marco legal del llamamiento a responder fiscalmente quedó formalizado mediante el Auto N.° 17 emitido el 30 de septiembre de 2026. Con este paso procedimental, la entidad de control avanzará en las siguientes etapas de investigación administrativa para determinar la responsabilidad individual de los implicados y garantizar el resarcimiento del patrimonio público de Bogotá.
