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En el Congreso de la República se generó una fuerte polémica por cuenta de la elección de la senadora de Comunes Sandra Ramírez, desmovilizada de las Farc, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La oposición afirma que su designación es una burla a las víctimas, teniendo en cuenta que quienes pertenecieron a esa guerrilla no pagaron ni un solo día de cárcel y hoy ostentan cargos de elección popular.
La senadora Ramírez dijo que su elección fue por unanimidad, pero lo cierto es que no todos estuvieron presentes durante la votación, como es el caso de la senadora Paloma Valencia, que no estuvo de acuerdo con esa elección.
Sin embargo, la congresista sí tuvo el respaldo que necesitaba porque la mayoría de los integrantes de esa Comisión pertenece al Pacto Histórico o son dirigentes cercanos al Gobierno Nacional: Julio César Estrada, Paloma Valencia, Jael Quiroga, Carlos Mario Farelo Daza, Alexánder López Maya, Ariel Ávila Martínez, Sandra Ramírez Lobo, Claudia Pérez Giraldo y Aida Quilcué.
La vicepresidenta anterior era la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico, que renunció a su curul en el Congreso para permitir la llegada de Alexander López, que por un fallo se le devolvió su escaño en el Congreso.
La senadora Paloma Valencia no estuvo durante esta sesión en la que se eligió a Ramírez, porque tenía permiso para no participar porque se encontraba en un evento académico que debía atender.
La polémica
Miembros de la oposición señala que es inaudito que personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad, hoy tengan la posibilidad de llegar a las mesas directivas del Congreso.
La senadora Paola Holguín dijo: “no para la burla del acuerdo de La Habana. Responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad han estado durante dos periodos en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel. No han reparado a las víctimas. No devolvieron los bienes ni la información sobre todos los menores reclutados, los desaparecidos, los secuestrados. Y ahora, Sandra Ramírez, quien ha pertenecido a esa estructura narcotraficante y terrorista nombrada vicepresidente de la Comisión”.
Por su parte, el representante y senador electo del Centro Democrático Óscar Villamizar, dijo que “la designación de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos no es más que una bofetada nuevamente a las víctimas del conflicto armado. A esos niños y niñas que fueron reclutados, que adicionalmente fueron abusados, escogidos por Sandra Ramírez para que alias Tornillo y otros de sus secuaces abusaran de esos menores de edad, como lo han venido manifestando las víctimas”.
La representante Katherine Miranda dijo que es incoherente que ella ocupe un cargo directivo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
“Volvemos a una discusión de fondo de la coherencia en materia de derechos humanos. Hablamos de una organización que ha reconocido el reclutamiento de miles de menores y graves violaciones contra ellos y cuyas víctimas siguen esperando verdad, reparación y garantías de no repetición y no puede haber cargos de representación en derechos humanos sin compromisos claros con las víctimas. Colombia necesita justicia, no símbolos que las re-victimicen”, aseguró.
Pacto Histórico y Comunes defienden a Ramírez
El senador Alexander López, que fue uno de los que respaldó la elección de Ramírez, dijo que “ellos como voceros, pero también como jefes de las FARC, se sometieron a un proceso de paz, un proceso de paz que fue legal, que es avalado por Naciones Unidas, que es avalado por toda la legalidad colombiana, y en ese sentido ella tiene los mismos derechos. Más allá de que ella haya sido guerrillera o no, nosotros creemos que las personas que se someten a estos procesos de paz y le cumplen a la sociedad, pues tienen derecho también a
El senador de Comunes Carlos Antonio Lozada, compañero de bancada de Sandra Ramírez, la defendió y dijo que ella es una ciudadana con plenos derechos políticos, razón por la cual no entiende por qué hay quienes se oponen a su nombramiento.
“Uno entiende que hay sectores que siempre se han opuesto a la consolidación de la paz en nuestro país, a la implementación de ese acuerdo, pero es que el espíritu del mismo es precisamente posibilitar la reincorporación política, económica y social de quienes hasta hace una década estuvimos alzados en armas. De manera que no vemos realmente motivo allí para ningún tipo de polémica, más allá de que estemos en desarrollo de una campaña electoral”, dijo.
