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Cuando inicien las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el Partido Conservador presentará un proyecto de reforma constitucional para hacerle cambios sustanciales a la Jurisdicción Especial de Paz.
La propuesta busca excluir de la JEP los delitos sexuales para evitar que los violadores reciban beneficios.
El senador Juan Diego Gómez explicó que el acto legislativo busca que no haya impunidad en este tipo de conductas que se cometieron durante el conflicto armado contra mujeres y menores de edad.
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“Esencialmente es eliminar la conexidad de los delitos sexuales con los delitos políticos, evitando que las violaciones o el abuso sexual y toda esta clase de delitos, incluso contra menores, sean conexos al conflicto. De esa manera buscamos mandar un mensaje claro de no impunidad ante futuros hechos que ocurran”, señaló.
Esta norma tendría un impacto hacia futuro, es decir, le quitaría los beneficios especiales a los desmovilizados o actores del conflicto que se acojan después de la entrada en vigencia de la misma.
El Partido Conservador también hizo un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que sancione cuanto antes la ley estatutaria de la JEP. Según Juan Diego Gómez, cualquier cambio a esa jurisdicción debe hacerse por medio de un acto legislativo tramitado debidamente en el Congreso y no a través de objeciones por inconveniencia.
“Consideramos que el presidente debe sancionar la ley estatutaria de la JEP, se requieren las reglas porque fueron más de 50 años de conflicto y quienes se acogieron al proceso lo hicieron bajo una negociación con unos compromisos que deben cumplirse”, indicó.
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“Si hay objeciones a varios puntos específicos, hay que estudiar muy bien la sentencia de la Corte frente al acto legislativo de la JEP y revisar en qué escenarios se pueden hacer esos ajustes”, añadió.
Esta propuesta también está siendo revisada por el Consejo Nacional de Política Criminal, en donde tienen asiento la ministra de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el director de la Policía, entre otros.
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