Primicia: Comisión de Acusación abre investigación penal contra Petro por declaraciones de ‘Pipe Tuluá’ sobre su campaña

Comisión de Acusación consideró que existían elementos suficientes para activar de manera automática su competencia constitucional y legal.
Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro habló desde la embajada de Colombia en Washington tras su encuentro con Donald Trump, en el que abordaron narcotráfico, sanciones y cooperación bilateral. Crédito: Presidencia

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro, tras la divulgación de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, en el que el presunto líder de la banda delincuencial La Inmaculada asegura haber financiado la campaña presidencial de 2022.

La actuación se originó luego de que la precandidata presidencial Vicky Dávila hiciera públicas las declaraciones del hoy extraditado cabecilla criminal.

A partir de esa revelación, la Comisión consideró que existían elementos suficientes para activar de manera automática su competencia constitucional y legal.

Investigación penal de oficio

En el documento, conocido por La FM y firmado por la presidenta de la Comisión, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, se señala que, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992, la instancia legislativa está obligada a iniciar investigación penal de oficio por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, tipificado en el artículo 396A del Código Penal.

“Teniendo en cuenta que la candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila divulgó en fuente abierta las declaraciones dadas por el señor Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, relacionadas con la entrega de dinero a la campaña a la Presidencia de Gustavo Francisco Petro Urrego, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de iniciar investigación penal de oficio”, se lee en el documento.

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta solicitó formalmente al secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo, “asignar un número de radicado a esta investigación de oficio, con el fin de dar trámite a la apertura formal de la investigación”, según consta en el documento conocido por La FM.

La denuncia de Vicky Dávila

La precandidata presidencial Vicky Dávila publicó en la tarde del 3 de febrero de 2026 un audio en el que, presuntamente, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, asegura haber entregado dineros de origen ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano, Juan Fernando Petro.

De acuerdo con Dávila, la grabación haría parte de un conjunto más amplio de audios que estarían en su poder.

En el material difundido, ‘Pipe Tuluá’ hace referencia a supuestas gestiones relacionadas con su proceso de extradición y menciona a funcionarios del Gobierno.

También alude a una presunta entrega de recursos para la campaña presidencial, afirmaciones cuya veracidad está siendo objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

En uno de los fragmentos del audio se escucha: “Mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia que por qué no me han extraditado (…) yo creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”.

Extradición de ‘Pipe Tuluá’

Andrés Felipe Marín Silva, considerado máximo jefe de la estructura criminal La Inmaculada, fue extraditado a Estados Unidos el 3 de febrero de 2026, el mismo día en que el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con su homólogo Donald Trump.

La extradición se produjo tras una instrucción pública del presidente Petro, quien señaló que Marín Silva habría intentado “comprar funcionarios públicos” para frenar su envío a Estados Unidos.

El mandatario aseguró que la decisión se adoptó en coherencia con su postura de que “la paz no es una mercancía, sino un derecho”, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas pruebas adicionales sobre esas afirmaciones.


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