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Luego del anuncio del gobierno ecuatoriano sobre el aumento de los aranceles del 50 % al 100 % para Colombia, el presidente Gustavo Petro salió al paso, rechazó la medida y ordenó la retirada de Colombia de la Comunidad Andina, argumentando que no tiene sentido seguir allí.
“Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur para ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, argumentó el jefe de Estado.
Tras su orden, se pronunció la canciller Yolanda Villavicencio, quien lamentó la determinación, al argumentar que se pierden años de trabajo diplomático que han beneficiado a las comunidades y comerciantes de ambos países, especialmente en zona de frontera.
“Ecuador, como nación tiene pleno derecho a definir su rumbo; pero romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración que han beneficiado a nuestros pueblos. Más que fracturar, América Latina necesita hoy unidad, diálogo y visión compartida para enfrentar sus desafíos comunes. Miopes por ideología antiprogresista”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.
Y agregó que, “Ya estamos solicitando la entrada en Mercosur para Colombia”.
Por otra parte, el jefe de Estado dijo que, "el gobierno de Ecuador falsea la realidad por órdenes ajenas a su soberanía".
"Son 5,9 toneladas de cocaína que con inteligencia de la naval colombiana, de las mismas autoridades ecuatorianas y autoridades españolas e inglesas hemos decomisado en sus puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España y en puerto Thames en Inglaterra, desde el 10 de marzo hasta el 23 de. marzo", argumentó Petro.
Hay que recordar que la más reciente ronda de conversaciones entre Colombia y Ecuador se realizó el 25 y 26 de marzo de 2026 en Lima, en una reunión organizada con mediación de la Comunidad Andina (CAN) y encabezada por viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países.
En ese encuentro se revisaron varios temas de la agenda bilateral, como seguridad fronteriza, comercio, transporte y cooperación energética, con la intención de bajar la tensión comercial que ya llevaba varios meses. Aunque ambas delegaciones manifestaron voluntad de diálogo, el balance dejó claro que no se alcanzaron acuerdos concretos, por lo que se planteó continuar con reuniones técnicas posteriores para definir una hoja de ruta que permita desescalar el conflicto.
La crisis comercial se originó a comienzos de 2026, cuando el gobierno de Ecuador impuso una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos, argumentando problemas de seguridad en la frontera y una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Bogotá respondió con medidas similares y la suspensión de exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. Posteriormente, el conflicto escaló cuando Quito anunció el aumento del arancel hasta el 50 % desde el 1 de marzo de 2026, profundizando la llamada “guerra arancelaria” entre ambos países. Las autoridades ecuatorianas sostienen que la medida busca presionar acciones contra el crimen transnacional, mientras que Colombia rechaza esas acusaciones y afirma que mantiene cooperación en operaciones antidrogas.
El panorama de esta crisis comercial se complicó aún más, debido a que el gobierno de Quito decidió incrementar al 100 % los aranceles para los productos importados desde Colombia a partir del 1 de mayo, argumentando que se constató la falta de medidas de seguridad en la frontera por parte del gobierno Petro.
El conflicto ha generado un fuerte rechazo de gremios empresariales y transportadores en Colombia y Ecuador, que han pedido a los gobiernos retomar el diálogo y suspender los aranceles. En la zona fronteriza, especialmente en el Puente Internacional de Rumichaca entre Ipiales y Tulcán, comerciantes y transportistas realizaron protestas y bloqueos durante casi 19 días en marzo de 2026, denunciando pérdidas económicas de hasta 5 millones de dólares diarios por la paralización del comercio. Aunque el paso fronterizo fue reabierto antes de Semana Santa, los gremios advirtieron que el levantamiento del bloqueo no significa que renuncien a sus reclamos y que continuarán presionando una solución negociada entre ambos gobiernos.
