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El presidente Gustavo Petro rechazó este miércoles las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos impuso al magistrado brasileño Alexandre de Moraes, quien dictó medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que esta decisión violó la Convención Americana de Derechos Humanos y llamó a los juristas de América Latina a presentar una demanda internacional.
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“Las sanciones impuestas al juez Alexandre de Moraes rompen la Convención Americana de Derechos Humanos. Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva”, afirmó Petro.
El jefe de Estado recordó que tanto Estados Unidos como la mayoría de las naciones del continente americano firmaron ese tratado internacional. “¿Quiere el gobierno de los EE. UU. romperla unilateralmente?”, cuestionó.
La reacción del presidente colombiano se dio luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara medidas financieras contra el juez del Tribunal Supremo de Brasil, en el marco de la Ley Magnitsky.
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Dicha normativa autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros acusados de corrupción o de violaciones a los derechos humanos.
De Moraes recibió estas sanciones después de imponer medidas cautelares contra Bolsonaro, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de salir del país y restricciones para usar redes sociales.
Estas decisiones se tomaron en el contexto del proceso judicial por el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones de 2022.
Las sanciones también bloquearon los activos del magistrado en territorio estadounidense y prohibieron a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con él. Además, el pasado 18 de julio, el Gobierno estadounidense revocó su visado y le prohibió el ingreso al país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a De Moraes de ser “responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluido contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
La medida provocó críticas en varios sectores de América Latina, entre ellos Colombia, donde recientemente se presentó una situación similar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
De hecho, varios congresistas estadounidenses, especialmente del ala republicana, han solicitado al gobierno de Donald Trump sanciones contra Colombia, al considerar que el juicio contra Uribe tuvo motivaciones políticas.
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