Petro rechaza fallo de la Corte y dice que se pierde medida de justicia social

El presidente Gustavo Petro cuestionó este miércoles la decisión de la Corte Constitucional de anular el artículo que permitía ampliar el plazo para el cobro de la contribución por valorización, hasta cinco años después de finalizados los proyectos de obra pública.

Lo hizo por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que advirtió sobre las implicaciones sociales y económicas de la medida.

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“¿Qué significa que la Corte Constitucional tumbe el cobro de valorización por obras públicas? Que se tumba una medida tributaria de justicia social de carácter universal”, escribió el mandatario.

En su mensaje, argumentó que en un país con alta desigualdad como Colombia, permitir que las obras públicas aumenten el valor de las propiedades sin que se cobre ese plusvalor, implica usar el dinero público en favor de los sectores más ricos.

“Si el dinero público se dedica a valorizar las propiedades de los sectores más ricos de la población, y no se puede cobrar ese plusvalor, creado exclusivamente por la obra pública, entonces el dinero público se convierte en herramienta para aumentar la desigualdad social”, expresó el mandatario.

Añadió que esto también debilita el objetivo esencial del Estado Social de Derecho -según el mandatario-, la equidad social.

Petro defendió que la norma anulada por la Corte funcionó durante décadas como instrumento de desarrollo en grandes ciudades como Bogotá.

Sostuvo que su aplicación a nivel nacional habría permitido financiar obras de infraestructura como carreteras y ferrocarriles mediante la contribución de valorización, que “por justicia social, deberían pagar los latifundistas o los copropietarios de grandes condominios de lujo”.

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También mencionó el caso de Barranquilla y afirmó que la medida buscaba que quienes “por lujo, han ocupado humedales” o han promovido la gentrificación, contribuyeran al financiamiento de obras como la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla.

Finalmente, Petro afirmó que esta decisión refleja “una falta de espíritu democrático” y una visión del Estado como “un sirviente de los sectores más ricos del país”.

Señaló que, al no considerar las necesidades de los sectores más pobres y excluidos, “solo aumenta la violencia”.