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Los senadores del Centro Democrático Paloma Valencia y Alfredo Ramos radicaron ante la Sección Primera del Consejo de Estado una demanda de nulidad en contra del decreto que convocó al plebiscito.
Según los dos senadores, se debe anular el decreto que convoca a este mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, citado para el 2 de octubre, teniendo en cuenta que, en primer lugar, cuando el presidente Juan Manuel Santos presentó el informe al Congreso, estos no estaban firmados por él. Según los senadores, contradijo la obligación constitucional de firmar este tipo de acuerdos.
Por otro lado, los miembros del Centro Democrático dijeron haber encontrado irregularidades en la firma del decreto que convocó al plebiscito, ya que dicha rubrica es desconocida yno concuerda que las dos firmas que siempre ha utilizado el presidente para firmar decretos y sanciones presidenciales. “No se sabe si la firma sea la del presidente. Nos basamos en 30 documentos diferentes entre decretos, sanciones presidenciales, y esta es la primera vez que se encuentra esta firma, una firma que desconocemos”, señaló el senador Ramos.
Por lo anterior, los congresistas pidieron que se investigue a profundidad la firma del presidente Santos, puesto que el decreto que convocó la plebiscito pareciera no estar firmado por el presidente, por lo que se podría estar incurriendo en falsedad de documento público.
Así mismo, la senadora Valencia señaló que el Gobierno ha caído en un grave error y es que, "por el afán de presentar una reforma tributaria que no se quiere presentar antes del plebiscito, se le hará trampa a los colombianos". La congresista agregó que todas estas supuestas inconsistencias han llevado a pedir medidas cautelares, solicitando que se suspendan los efectos del decreto y así detener la convocatoria del plebiscito. "Mientras no haya una pregunta seria y que no induzca a los colombianos a votar por una determinada opción".
Entre tanto, el senador Alfredo Ramos anunció que se presentará ante la Corte Constitucional una acción de cumplimiento para que se exija el acatamiento de la sentencia que dio vía libre al plebiscito.
Dentro de esos cumplimientos se pedirá, además, que el Gobierno adopte el mandato de la Corte Constitucional de emitir un documento en las 68 lenguas aborígenes, ya que cerca de un millón de personas en Colombia se comunican a través de estas lenguas nativas; por lo tanto, si no se traducen los acuerdos a estas culturas, ese sector de la sociedad no podrá comprender los acuerdos.
"Tampoco se ha implementado un sistema braille, otra de las órdenes que dio el alto tribunal", advirtió el senador Ramos.
