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Desde el aire, cuando un avión se aproxima al aeropuerto El Caraño de Quibdó, se puede observar con claridad la magnitud del desastre ecológico en el río Atrato, causado por la extracción ilegal de oro y cobre, una actividad que ya habría generado enfermedades en al menos 590 personas, según la reciente sentencia de la Corte Constitucional.
En las alturas, se observa que el río Atrato está ubicado a no mas de tres metros de las viviendas y otras estructuras, entre ellas el hospital departamental San Francisco de Asís de Quibdó. Allí, según un informe de la Contraloría General, los pacientes están consumiendo agua contaminada con materia fecal, cianuro y mercurio.
La situación no fue negada por Wilman Yurgaky, gerente del hospital desde hace nueve meses. El funcionario confirmó que el agua que utilizan en el hospital es extraída del río Atrato por una motobomba, posteriormente es llevada a una planta de tratamiento que no tiene la tecnología para separar el mercurio que contiene el liquido, por culpa de la minería criminal.
Escuche a Wilman Yurgaky, gerente del Hospital de Quibdó
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El gerente confirmó que por esta situación ya se ordenó que la comunidad hospitalaria no consuma el agua que sale del grifo, sino que solo la utilicen para bañarse o para limpiar las instalaciones. Explicó que en muchas ocasiones deben comprar el líquido en bolsas y tarros o, simplemente, consumir el agua de la lluvia.
Para establecer la cantidad exacta de mercurio presente en el agua utilizada en el principal hospital de Chocó, la gerencia contrató un estudio físico-químico-bacteriológico, cuyos resultados se espera sean conocidos en 15 días. Lo que arroje esa investigación será comparado con otro estudio que adelantará Codechocó, autoridad ambiental en la región.
El hospital San Francisco de Asís tiene 40 años de historia, mismos años que tiene la red hidráulica por donde sale el agua que usa la comunidad hospitalaria. El centro asistencia tiene 144 camas, de las cuales 20 están fuera de servicio por el mal estado de la infraestructura.
Imagen cortesía Contraloría General de la República
