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La directriz que expidió la Fiscalía General de la Nación sobre el manejo judicial que se le debe dar a la protesta social, ha recibido fuertes críticas de parte de la oposición, por la delimitación que hace sobre las manifestaciones pacíficas y las acciones criminales que se cometen en las movilizaciones.
Ante esto, los senadores Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, interpusieron una tutela y una demanda, para tumbar esta medida emitida por el ente acusador.
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Uribe considera que con esta directriz, la Fiscalía está renunciando al deber que tiene de investigar los delitos que se cometen en el marco de las protestas.
“Esta directriz, bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los delitos cometidos durante las manifestaciones, como los daños a la propiedad pública, las injurias, las calumnias, e incluso la obstrucción de vías, no sean investigados, ni judicializados”, indicó.
“Esto significa que los delincuentes que se escudan en el derecho a la protesta pueden cometer cualquier crimen y la Fiscalía, lejos de cumplir con su deber constitucional, renuncia a la obligación de perseguir estos delitos”, añadió.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, autora de la demanda, explicó que la directriz de la Fiscalía es inconstitucional, porque socava la capacidad del Estado para mantener el orden y proteger a la ciudadanía.
“La Constitución es absolutamente clara en que se reconoce el derecho a manifestarse públicamente y pacíficamente; lo que no debe tomarse con tolerancia frente a actos de violencia que se deriven en manifestaciones”, indicó.
Cabal recordó que en el paro nacional que se llevó a cabo durante el gobierno de Iván Duque, “996 policías resultaron heridos, tres fueron asesinados y siete fueron secuestrados” y ese tipo de actuaciones deben tener su sanción penal.
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“Esto es muy grave. Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”, dijo la legisladora sobre la medida emitida por la fiscal Luz Adriana Camargo.
Los senadores Uribe y Cabal también consideran que habría una extralimitación de la Fiscalía al emitir esta directriz, porque cualquier regulación que se haga sobre la protesta social debe hacerse en el Congreso de la República, que es el encargado de legislar sobre la materia.
