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Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la sanción de arresto y multa impuesta a Irene Vélez por el Juzgado Tercero de Familia de Montería no se encuentra en firme, pues fue remitida a revisión en grado jurisdiccional de consulta, conforme al Decreto 2591 de 1991, lo que implica que debe evaluarse por una instancia superior antes de su ejecución.
El proceso judicial se originó con un derecho de petición presentado por un ciudadano, al que el Ministerio asegura haber respondido de forma completa y dentro de los plazos establecidos. Asimismo, sostuvo que envió al juzgado los soportes y certificaciones del trámite el mismo día en que se notificó la sanción.
La cartera considera que la medida impuesta es desproporcionada, pues afirma que la orden del tribunal ya había sido cumplida. En ese contexto, espera que la revisión reconozca el cumplimiento y deje sin efecto la sanción de arresto y multa.
También se puntualizó que la responsabilidad en casos de desacato es individual y recae sobre el funcionario encargado de ejecutar la orden judicial. En este caso, se indicó que el trámite del derecho de petición no fue gestionado directamente por el despacho de Irene Vélez, lo que excluiría su responsabilidad personal o negligencia atribuible.
La entidad reiteró su respeto por las decisiones judiciales y su disposición a colaborar entre instituciones. Afirmó que continuará atendiendo las solicitudes ciudadanas y las órdenes de la jurisdicción constitucional con rigor, diligencia y transparencia.
