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El presidente Petro negó, durante la instalación del Congreso, haber detenido el ascenso de más de 600 oficiales de la Policía, como lo han informado distintos medios de comunicación. ¿Cuál es, entonces, la realidad de lo que está ocurriendo?
Es cierto que más de 600 oficiales no han podido ascender porque el presidente no ha firmado los respectivos decretos. Y no lo ha hecho por una razón preocupante: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) está revisando las hojas de vida y antecedentes de quienes aspiran a ser promovidos. Esta tarea la está llevando a cabo un grupo de aproximadamente 14 exoficiales de contrainteligencia.
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En consecuencia, exmiembros de la institución que salieron por distintas razones son ahora quienes determinan quiénes ascienden y quiénes no.
Esta revisión no es rutinaria: representa una intromisión y una invasión a la privacidad, además de un posible abuso de poder. Se están interfiriendo funciones que tradicionalmente corresponden a la Dirección de Personal de la Policía y a los procesos internos de ascenso y plan de carrera de las fuerzas militares.
Algunos generales y coroneles han sido descartados tras recibir conceptos negativos de la DNI, incluso sin tener procesos judiciales o disciplinarios en curso. Esto plantea una posible usurpación de competencias institucionales o una instrumentalización política del aparato de inteligencia.
La pregunta es: ¿cuál es la justificación y la jurisdicción legal para que la DNI —un organismo de inteligencia de carácter civil— intervenga directamente en procesos internos de ascenso en la Policía o las Fuerzas Militares?
¿Qué marco normativo o decreto le permite a la Presidencia ordenar estas evaluaciones a través de la DNI, por fuera de la cadena de mando del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional?
Y finalmente: ¿existe algún patrón político o ideológico entre los oficiales que han sido vetados por la DNI?
