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El Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura de la representante a la Cámara por Santander Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, al concluir que utilizó de manera indebida los recursos públicos destinados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para mantener una nómina en la que una persona figuraba formalmente como asesora, pero otra continuaba realizando las labores de la oficina.
El alto tribunal encontró que la designación de Laura Fernanda Rueda Guerrero como asesora grado I no correspondió al ejercicio efectivo del cargo, mientras su madre, María Isabel Rueda Guerrero, continuó realizando actividades en la UTL, pese a haber sido retirada formalmente de la Cámara.
Según las pruebas presentadas, entre el 11 de enero y el 30 de septiembre de 2023, María Isabel registró 390 movimientos por los puntos de control de la Cámara, mientras que Laura Fernanda solo registró un ingreso, correspondiente al día de su posesión.
A esto se sumaron mensajes en los que María Isabel aparecía vinculada a las actividades de la oficina y transferencias de dinero que coincidían con los pagos de salario recibidos por su hija.
Según la sentencia, Laura Fernanda entregaba a su madre, en un plazo de hasta dos días después de recibir el salario, la totalidad o casi la totalidad de lo pagado por la Cámara, un comportamiento que fue valorado junto con los demás elementos de prueba.
La defensa de Perdomo sostuvo durante el proceso que Laura Fernanda sí había desarrollado actividades para la UTL y que su trabajo podía realizarse de manera virtual.
También argumentó que la baja presencialidad de una asesora no demostraba por sí sola que no hubiera trabajado y que las transferencias de dinero podían corresponder a gastos compartidos entre madre e hija.
Incluso la Procuraduría había pedido en segunda instancia que se revocara la pérdida de investidura, luego de considerar que los testimonios daban cuenta de actividades realizadas por Laura Fernanda y que la eventual continuidad de María Isabel en labores de la UTL no era suficiente, por sí misma, para configurar la causal.
No obstante, para el tribunal, la presencia reiterada de María Isabel en las instalaciones del Congreso, los mensajes relacionados con las actividades de la representante, la escasa presencia de Laura Fernanda y las transferencias de dinero conformaban una cadena de indicios que permitía establecer que la primera continuó desempeñando funciones de hecho.
