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Ayer, la ministra de Salud, Ana María Vesga, hizo una grave denuncia de corrupción que encontró al interior de la entidad. Los Secretos de D'Arcy Quinn tienen más detalles.
La denuncia señala que se trata de un audio de una supuesta intermediaria con un alcalde, quien no ha sido identificado. La exfuncionaria Marcela Barbosa fue quien se acercó con el audio en el que se negocia una comisión por el giro de un dinero para el hospital de ese municipio.
Para presionar la autorización, la mujer que lidera la llamada detalla cómo se repartiría el dinero pactado y menciona directamente a la doctora Vesga. Explica de forma explícita que “a la doctora Vesga se le reconoce [...] el porcentaje es el 5 %, el del equipo es el 3 %, entonces en total es el 8 %, señor alcalde…”, dice la denuncia, y agrega que, ante la insistencia del alcalde de viajar a Bogotá, la interlocutora accede y le confirma que la reunión presencial será exclusivamente “con el de infraestructura”.
La denuncia pide que se investigue a NELSON DAVID HERNÁNDEZ PINTO y CÉSAR AUGUSTO QUINTERO CASALLAS, quienes permanecieron en el Ministerio durante los dos periodos del pasado Gobierno. La denuncia sostiene que no solo se habría intentado afectar el buen nombre de la ministra, sino que también se habría desenmascarado una mafia que cobraría por esos giros directos para el fortalecimiento de la infraestructura de la salud. También pide investigar a los alcaldes que estarían dispuestos a pagar coimas o porcentajes para recibir recursos que, según la denuncia, seguramente no terminarían destinados a salud, sino a sus contratistas. El caso está en manos de la Fiscalía.
El plan de choque anunciado por la ministra de Salud
La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, puso en marcha un plan de choque inmediato para frenar irregularidades fiscales, administrativas y presuntos actos de corrupción en su cartera, tras recibir una opinión contable negativa por parte de la Contraloría General de la República. El ente de control detectó una alarmante brecha financiera de 2,9 billones de pesos entre los compromisos adquiridos por el ministerio y los desembolsos reales, además de identificar 108 proyectos por más de 365.000 millones de pesos que carecían de registro presupuestal.
Ante este panorama, se decretó la suspensión temporal de nuevas contrataciones, convenios y prórrogas con el fin de blindar el presupuesto nacional y garantizar que los recursos públicos lleguen de forma efectiva a los hospitales, médicos y pacientes en lugar de alimentar redes de intermediarios.
Por otro lado, la funcionaria radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar audios en los que particulares exigían comisiones ilegales del 8% a su nombre a cambio de agilizar trámites en el sector. Esta crisis coincide con la apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría contra exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, incluidos el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero y el exinterventor Jorge Iván Ospina, debido al crítico estado financiero de la Nueva EPS.
De acuerdo con el ente disciplinario, se indagan posibles omisiones en la gestión de la entidad, la cual registra pasivos billonarios y anticipos sin legalizar por más de 17 billones de pesos que ponen en riesgo la atención de millones de afiliados y pacientes de alto costo.
