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La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, continuará a cargo de uno de los procesos penales que se siguen contra el saliente embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.
Así se determinó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá advirtiera que no es competente para resolver la petición que hizo en su momento el abogado del diplomático con el fin de que dicho expediente fuera remitido a la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con lo planteado por la defensa de Benedetti una vez su cliente renunció a su fuero como senador de la República, la Corte Suprema perdió competencia para investigarlo y en su reemplazo debía ser la Fiscalía la encargada de asumir el caso.
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Por su parte, la delegada de la Fiscalía General de la Nación manifestó que ese organismo no ha solicitado ni pedirá la remisión de alguna actuación que curse ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte, mucho menos en el caso que motivaba la presente audiencia.
“Agregó que la Fiscalía solo asumirá el proceso cuando sea la Sala de Instrucción la que se lo remita, por manera que no existe conflicto frente a la competencia de la Corte”, indicó la Fiscal delegada.
A su turno, la representante de la Procuraduría General planteó que el caso debe continuar a cargo de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá determinó que los jueces de Control de Garantías, sólo actúan en procesos que se tramitan bajo la ley 906, es decir el nuevo sistema penal acusatorio y no pueden intervenir en procesos seguidos por la ley 600 del 2000, como lo es, el adelantado contra Benedetti.
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El magistrado Alberto Poveda Perdomo concluyó que no existe un conflicto a resolver, y dejó en claro que aquellos que se lleguen a suscitar en cualquier momento entre un juez y la Fiscalía General de la Nación deben ser definidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Es de señalar que Benedetti está siendo indagado entre otros hechos por un supuesto enriquecimiento ilícito cercano a los 3.000 millones de pesos que no habrían sido logrados producto de la actividad que desempeñó como congresista.
