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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que Colombia atraviesa una situación fiscal que calificó como “apocalíptica y alarmante” y cuestionó el manejo de los recursos públicos durante el anterior gobierno.
Las declaraciones se produjeron durante la entrega del llamado Libro de la Verdad, documento en el que, según el Gobierno, fueron recopilados distintos hallazgos sobre presuntas irregularidades en la administración pública.
De acuerdo con el mandatario, Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal del 7,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el nivel de endeudamiento llegó al 61 % del PIB, cifra que calificó como la más alta de la historia del país.
“Esa pérdida de capacidad del Estado se refleja hoy en unas finanzas públicas famélicas. Su estado es francamente apocalíptico, alarmante”, afirmó.
De la Espriella también sostuvo que el anterior gobierno utilizó entre enero y agosto el 97 % del endeudamiento anual de la Nación, por lo que, según dijo, actualmente existe una limitada capacidad para contratar nueva deuda.
Presidente ordena identificar y reportar focos de corrupción
Durante su intervención, De la Espriella impartió instrucciones a los ministros, directores, altos funcionarios y demás servidores de su administración para identificar posibles focos de corrupción, cerrarlos y entregar la información a las autoridades competentes.
“Identificar los focos de corrupción que encuentren, cerrarlos, documentar rigurosamente lo ocurrido y poner la información de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes”, manifestó.
El mandatario también anunció que las entidades estatales deberán incorporar herramientas de inteligencia artificial, sistemas avanzados de análisis de datos y mecanismos de trazabilidad digital para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos públicos.
“Quiero que cada peso pueda ser rastreado desde el mismo momento en que sale del Tesoro hasta el instante en que cumple la finalidad para la cual fue destinado”, afirmó.
Según explicó, estas herramientas deberán permitir detectar anomalías, sobrecostos, contrataciones sospechosas y posibles concentraciones indebidas de contratos en determinados proveedores.
“No esperemos a que el daño esté hecho. La corrupción se combate antes, durante y después, previéndola, vigilando el uso de los recursos”, sostuvo.
Pide grupo especial para investigar casos del Libro Blanco
El presidente también solicitó a los organismos de control la creación de un grupo especial para investigar los presuntos hechos de corrupción documentados y llevar los casos ante la justicia.
Entre los asuntos mencionados por el mandatario estuvo la situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según afirmó, la entidad habría girado $856.000 millones sin urgencia manifiesta y se habría perdido el rastro de $1,38 billones.
De la Espriella también habló de una presunta “nómina paralela” de 900.000 contratos de prestación de servicios en el Ejecutivo, que, según sus declaraciones, habría generado un pasivo superior a $5 billones para las finanzas públicas.
El presidente agregó otros cuestionamientos relacionados con empresas y programas estatales. Afirmó que Air-e registró pérdidas por $2,59 billones y señaló un déficit de $23 billones en el Ejército Nacional. También sostuvo que el programa Colombia Mayor requiere cerca de $630.000 millones mensuales para cumplir con sus compromisos y que el Icetex tuvo un recorte presupuestal del 70 %.
En materia de reforma agraria, aseguró que el anterior gobierno anunció una meta de 1,5 millones de hectáreas entregadas, pero que fueron adjudicadas poco más de 350.000 y solo 98.000 contarían con registro pleno. Según sus cifras, esto representaría el 6,5 % de la meta planteada.
Vicepresidente reportó más de 80 casos
El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el equipo élite anticorrupción documentó más de 80 casos relacionados con un presunto manejo “ineficiente y corrupto” de recursos públicos.
Según Restrepo, ya fueron trasladadas denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. El funcionario advirtió que los casos conocidos hasta ahora son apenas “la punta del iceberg”.
“Son más de 80 casos documentados y reportados que reflejan un manejo ineficiente y corrupto de los recursos públicos”, afirmó.
Por su parte, Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, se refirió específicamente a la UNGRD y aseguró que la entidad solo ejecutó el 4,3 % de su presupuesto durante los cuatro años del anterior gobierno.
Calderón España relacionó estos señalamientos con la actual emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y advirtió que la entidad encargada de responder ante este tipo de situaciones enfrenta dificultades para hacerlo.
“Hoy, esta entidad encargada de afrontar esta grave crisis no tiene recursos para hacerlo”, afirmó.
