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En el Congreso de la República se desarrolló una mesa técnica en la que intervinieron voceros del Gobierno, de la Fiscalía y la JEP, encaminada a abrir la discusión sobre una posible ley de punto final en Colombia.
Aunque se esperaba que la iniciativa fuera presentada en las próximas horas, el Gobierno expresó algunas consideraciones sobre el proyecto que serán tenidas en cuenta por el senador y autor Antonio Correa.
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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que se debe estudiar muy bien qué tipo de grupos se podrían ver beneficiados, porque algunos de ellos no podrían ser cobijados, como las disidencias de las Farc que comandan Iván Márquez e Iván Mordisco.
“Los GAOR son los grupos armados organizados residuales, que son los grupos que decidieron continuar en el conflicto y se alejaron de los acuerdos de paz y por eso es importante establecer el marco para establecer quienes, cómo y a través de qué mecanismos deben desmovilizarse. Todos estos proyectos deben articularse y hay que mirar esa realidad sobre esa redistribución de grupos y sobre esos también tenemos los grupos de alto impacto, los rurales, los urbanos”, indicó.
“Estos procesos transicionales son la visión universal de que debe haber una dirección hacia la paz y que la paz y la seguridad puede permitir procesos de esta naturaleza para reconciliación y perdón y olvido, pero hay que exigir que los requisitos se cumplan a cabalidad frente a todos los procedimientos, porque la justicia no puede admitir burlas a un sistema porque las víctimas son las que salen perjudicadas”, sostuvo.
El senador Antonio Correa confirmó que se harán algunas precisiones y posiblemente se radicarían dos proyectos de ley distintos, que hagan la diferenciación sobre qué tipo de grupos armados se podrían ver beneficiados con la norma y abrir la puerta para que la misma también cobije a terceros o civiles.
“Abrir la puerta a terceros, pero apenas empezamos la discusión y la próxima jornada de experiencias invitaremos a los altos dignatarios para darle discusión y darle entrada a terceros, sino también a las Fuerzas Militares”, sostuvo.
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En la mesa técnica también participó Salvatore Mancuso, quien ahora es gestor de paz del Gobierno Nacional, y quien cuestionó a los jueces porque, según él, los estigmatizan de ser delincuentes de por vida.
“Desconfiar de los desmovilizados que apostamos por la paz y tratarnos como delincuentes, perpetua el conflicto armado y manda mensaje nefasto a aquellos actores que rearmaron y que desean aportar a la paz y que deseen dar un paso al costado y reintegrarse con plenos derechos a la vida civil”, manifestó.
En los próximos días se programarán nuevas sesiones en el Congreso para seguir escuchando al Gobierno y demás ramas del poder público sobre la posibilidad de impulsar una ley de punto final en Colombia.
