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El presidente Iván Duque propuso eliminar la ley de garantías, al advertir que esa iniciativa genera un “obstáculo” para los mandatarios municipales y departamentales.
Explicó que la ley de garantías no tiene fundamento al señalar que en el país ya no hay reelección, y se deben destrabar los recursos que durante su aplicación se congelan seis meses antes de los comicios impidiendo la ejecución de proyectos de infraestructura.
“Ya que no hay reelección en el país, que no hay reelección presidencial, le hablo a los miembros del Congreso para advertirles que es muy importante que miremos cómo le quitamos ese obstáculo a los mandatarios que por esa medida dejan de ejecutarse muchos proyectos”, sostuvo.
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Y anotó: “Ya no tiene sentido limitar por seis meses esa contratación sobre iniciativas que necesita el país para el desarrollo de las diferentes regiones”.
A principios de este año la Auditoría General de la República descubrió que los entes territoriales suscribieron más de 80 contratos, tras la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Según el organismo de vigilancia, fueron en total 86 los contratos suscritos entre el 27 y el 31 de enero del presente año por $3.146 millones.
Entre las entidades que violaron la Ley de Garantías está por ejemplo la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso que suscribió cinco contratos por $1.314 millones.
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También está la alcaldía municipal de San Agustín (Huila) que suscribió un contrato por $325 millones.
Asimismo, las alcaldías de municipios como Tibacuy (Cundinamarca), Restrepo (Meta), Nobsa (Boyacá) y Pijao (Quindío) suscribieron contratos por un valor superior a los $400 millones.
