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La Procuraduría General de la Nación realiza este lunes una visita administrativa a la Cancillería como parte de un proceso de vigilancia preventiva en torno a los cambios impulsados por el Gobierno en el modelo de contratación para la expedición de pasaportes.
La diligencia fue confirmada por la canciller Laura Sarabia, quien, a pesar de haber presentado su renuncia el pasado 3 de julio, continúa ejerciendo sus funciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó, la presencia del organismo de control responde a un ejercicio de inspección relacionado específicamente con el proceso de transición en el sistema de pasaportes.
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“Brindaremos toda la colaboración requerida y atenderemos debidamente todos los requerimientos”, manifestó Sarabia al referirse a la actuación del Ministerio Público.
La actual situación se produce en medio de una serie de advertencias que la propia canciller ha hecho en los últimos días, en las que señala posibles riesgos para la continuidad del servicio de expedición de pasaportes a partir del mes de septiembre. Sarabia ha sostenido que el país podría verse afectado por una crisis si no se garantiza una transición adecuada entre contratistas.
Uno de los puntos críticos tiene que ver con el contrato entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, una alternativa promovida desde la Presidencia. Aunque el jefe del despacho presidencial, Carlos Ramón González Saade, aseguró que el acuerdo estaba “a horas de firmarse”, Sarabia desmintió esa afirmación y aseguró que no existe claridad sobre los avances reales de ese proceso.
Según declaraciones entregadas por Sarabia a la revista Cambio, se recibió una comunicación oficial en la que la parte portuguesa expresaba desconocimiento frente al contrato mencionado por Saade. De acuerdo con la canciller, esa respuesta incluía la dificultad de establecer contacto con la Imprenta Nacional y con la Presidencia, lo que ha impedido cualquier avance efectivo.
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Sarabia también cuestionó el anuncio sobre la existencia de un stock de 600.000 libretas que quedaría disponible una vez finalizado el contrato con Thomas Greg & Sons. Indicó que no hay garantía de que ese inventario esté disponible y planteó la posibilidad de que, desde el Gobierno, se estén evaluando acciones como retrasar citas para evitar mayor presión sobre el sistema de pasaportes.
“El riesgo de quedarnos sin pasaportes es real”, advirtió Sarabia, señalando que el fin del contrato vigente podría dejar al país sin capacidad operativa si no se actúa con previsión.
La inspección de la Procuraduría ocurre, entonces, en un contexto marcado por incertidumbre institucional y posibles impactos sobre un trámite clave para miles de ciudadanos.
