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La Corte Suprema de Justicia citó a la hija de Iván Name, la concejal de Bogotá María Clara Name, al papá y hermano de Andrés Calle, el alcalde de Montelíbano (Córdoba) Gabriel Alberto Calle Demoya y a Gabriel Enrique Calle Aguas, para que declaren por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La Sala Especial de Instrucción estableció que María Clara Name deberá asistir a rendir su declaración el 14 de noviembre, mientras que Gabriel Alberto Calle y Gabriel Enrique Calle, deberán asistir el 15 de noviembre, para ser escuchados por el magistrado Francisco Farfán.
El tribunal tiene la lupa puesta sobre las campañas de los familiares de Iván Name y Andrés Calle durante las campañas para las elecciones regionales, pues según mencionaron los magistrados en el auto de apertura de investigación formal, al parecer el dinero que habría sido entregado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría sido utilizado no solo para impulsar las reformas, sino para financiar campañas políticas.
"Contribuir a la financiación de la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name Ramírez, la hija del senador Name Vásquez, así como de Gabriel Alberto Calle Demoya y Gabriel Enrique Calle Aguas, hermano y progenitor del representante Calle Aguas, en el departamento de Córdoba. Uno era candidato a una alcaldía y el otro a la Gobernación", señala uno de los apartes del documento.
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Además, la Corte Suprema ya estableció que Iván Name deberá asistir el 25 de noviembre y Andrés Calle el 27 de ese mismo mes, para que respondan las preguntas que desee formular el magistrado Farfán con respecto a su presunta participación en el entramado criminal.
El tribunal avanza con otro proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, ya que el magistrado Misael Rodríguez abrió investigación formal y llamó a indagatoria a cinco congresistas que también estarían relacionados con este caso.
Los congresistas que fueron mencionados por el tribunal son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
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Según el tribunal, los cinco congresistas como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), aceptaron emitir conceptos sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos en la Unidad de Gestión del Riesgo.
