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Este lunes será un día decisivo para la Justicia Especial de Paz (JEP) que servirá para establecer el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que tiene como propósito fundamental –de cuerdo al Gobierno Nacional– satisfacer los derechos de las víctimas.
La plenaria de la Cámara de Representantes, donde se encuentra el proyecto de ley para discusión en último debate, deberá decidir sobre la iniciativa que representa el eje fundamental sobre el cual gira el Acuerdo de Paz con las Farc.
Desde la semana pasada el proyecto ha sufrido varios tropiezos en el trámite. Aunque el miércoles se logró un consenso para aprobar 32 artículos, el jueves las cosas se complicaron. La subcomisión que estudió más de 200 proposiciones logró sacar adelante un informe que llevó a la votación de 21 artículos. Sin embargo, la sesión fue levantada porque, de acuerdo al representante Rodrigo Lara Restrepo, le querían meter un gol a la mesa directiva de la Cámara al ser incluido un artículo que no estaba concertado.
El debate entonces será retomado con pies de plomo por parte de la Unidad Nacional y el Gobierno por los latentes temores de que el debate se pueda entorpecer con más de la mitad de la iniciativa por aprobar. La premura está radicada en que el jueves 30 de noviembre se vencen los plazos para la aprobación de toda la implementación del Acuerdo de Paz. Ese día llegará a su fin el mecanismo de fast track.
De momento, el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, descartó la posibilidad de acudir a la conmoción interior para que sea aprobada la reglamentación de la JEP. En el Congreso hace unas semanas se escuchó el rumor con esta posibilidad, idea que de a poco ha empezado a ser descartada.
Tal vez el artículo que más debate traerá este lunes en la Cámara es el que contempla que los abusadores de menores de edad con ocasión del conflicto irán a la justicia ordinaria para ser castigados con severidad. Es decir, los violadores podrían ser condenados hasta con 60 años de cárcel, de acuerdo al Código Penal.
Al margen de introducir en el ordenamiento jurídico un sistema de justicia transicional, lo que realmente está en juego es la medula del Acuerdo y el derecho de las víctimas de más de 50 años de conflicto de conocer qué sucedió en cada uno de sus casos.
