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Aunque en el Congreso se lanzó una polémica propuesta para que las iglesias y el sector religioso en general pague impuestos con la nueva reforma tributaria, el planteamiento no cayó bien en algunos legisladores.
El senador John Milton Rodríguez, uno de los voceros de la bancada cristiana en el Capitolio Nacional, señaló que esta propuesta no es factible.
Además, defendió los gastos en los que deben incurrir las iglesias para cumplir con los programas sociales y de ayuda a la comunidad, los cuales, según Rodríguez, también les representan a los centros religiosos el pago de algunos impuestos.
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“Las iglesias en Colombia ya pagan impuestos, tanto el IVA como los parafiscales son impuestos que las iglesias asumen en su estructura de costos y no se pueden descontar de ninguna manera”, señaló.
“Tampoco se pueden descontar los planes y proyectos que se asumen a nivel social, de educación, de restauración de personas adictas a drogas o los planes y programas de mujeres víctimas de la violencia. Todo eso hace parte de la estructura de costos y a diferencia de las empresas, que sí pueden descontar el IVA, los parafiscales y los programas sociales, las iglesias no, todo eso hacen parte de sus costos”, añadió.
El exsenador Jimmy Chamorro, líder de una iglesia cristiana, comparte esta misma posición es indica que las iglesias cristianas tienen que pagar algunos gravámenes establecidos en la ley, además de que también cumplen con una importante labor social.
“Las iglesias no solamente declaran cómo lo está haciendo ahora, sino que pagan renta, primero eso es un tema que va contra su propia naturaleza, pero también las iglesias cumplen una función que es propia del Estado, una función clave, en la juventud, de otra manera el Estado gastaría demasiada plata y aun así no lograría mantenerla alejada de las drogas”, indicó.
Y añadió: “gravar a a las iglesias en este momento es altamente inconveniente, por lo tanto no la compartiríamos”.
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Otros parlamentarios creen que obligar a las iglesias a pagar impuestos sería completamente inconstitucional, porque en la carta política que rige nuestro país se estableció la libertad de cultos, lo cual hace que las donaciones que se reciben de la feligresía no puedan ser objeto de gravámenes.
Sin embargo, la representante Katherine Miranda asegura que si se acepta su propuesta en la reforma tributaria, el país podría recolectar alrededor de 1.8 billones de pesos.
