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El negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, afirmó en La FM que la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella requiere judicialización y no solo operativos: “Esto no es solo un problema de bala”. La declaración se dio luego de que la presentadora citara 12.500 capturas en dos meses de gobierno.
¿Qué dijo Humberto de la Calle sobre las 12.500 capturas?
La presentadora mencionó los operativos en Santa Marta, Cali y el Catatumbo, y precisó que son “12.500 capturas en 2 meses”. De la Calle respondió que la necesidad de seguridad de un nuevo gobierno es comprensible y sostuvo que la línea que permite a De la Espriella mantener su popularidad es “la búsqueda del control territorial y de la seguridad”. Añadió que el mandatario ganó “en muy buena parte por esa oferta de seguridad”.
Sobre la manera de lograrlo, el entrevistado indicó que “es discutible” y que el lenguaje del nuevo gobierno ha sido “un poco simplista”, al igual que durante la campaña. Precisó también que, en el tema de seguridad, “aquí hay elementos muy diversos”.
¿Por qué la seguridad no es solo un problema de bala, según De la Calle?
De la Calle explicó que hoy “ya no hay estos ejércitos cerrados, uniformados como las FARC”, sino que la confrontación es endémica en las poblaciones. Según dijo, los grupos armados se han dedicado a “apropiarse de las economías locales”, lo cual exige “un tratamiento más refinado”. Por esa razón, indicó que la acción de la fuerza pública debe ir “de la mano de la judicialización”.
La presentadora planteó que hay más de 27.000 hombres en armas de distintos actores, entre ellos disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El entrevistado respondió que son “dos cosas distintas” y que no se puede juzgar la negociación con las FARC a partir de lo que proviene del Clan del Golfo o del ELN. Recordó que en La Habana se negoció con ese grupo y que se desmovilizaron alrededor de 13.000 personas.
¿Qué dijo De la Calle sobre el acuerdo de paz y la JEP?
Sobre el acuerdo con las FARC, afirmó que su implementación “ha sido muy débil”. Indicó que Duque se hizo elegir con base en los resultados del plebiscito y en una actitud contra el acuerdo, y que su comisionado Archila tendió la mano a los planes de desarrollo con enfoque territorial. Respecto de Petro, dijo que había anunciado el cumplimiento del acuerdo “a rajatabla” y que luego lo colocó en segundo plano, al cambiarlo por la paz total. Agregó que el descontrol territorial se intensificó, sobre todo en las fronteras.
En cuanto a la JEP, sostuvo que la justicia transicional era “el camino” para superar una confrontación de 60 años. Señaló que fue ideada para resolver los casos de manera más rápida, que las sentencias “apenas empiezan a aparecer” diez años después y que la jurisdicción se ha llenado de procesalismos.
Afirmó que el Gobierno puede equivocarse si busca prescindir de ella y propuso un acuerdo que incluya un examen de conciencia y una reducción presupuestal de la JEP, además de dejar abierta la puerta para que culmine su tarea. Sobre el traslado de procesos a la justicia ordinaria, dijo que es “un poco complejo”.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
