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El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió al centro de la discusión política en Colombia. El senador Enrique Gómez Martínez, líder de Salvación Nacional, defendió en entrevista con el Noticiero de La FM que este tribunal cierre en 2028 y que no se extienda su funcionamiento más allá de ese momento.
Durante una entrevista, Gómez cuestionó el costo de la jurisdicción, su estructura, el número de funcionarios y magistrados y los resultados que ha entregado durante los años que lleva funcionando. También planteó que las funciones que queden pendientes sean asumidas por jueces de la justicia ordinaria.
El debate sobre las fechas tiene un punto importante. La Ley 1957 de 2019 establece que el plazo para las funciones de la JEP relacionadas con la presentación de acusaciones es de 10 años, contados desde la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones. Después de ese periodo existe otro plazo de cinco años para terminar la actividad jurisdiccional. La ley permite que este segundo periodo sea prorrogado una sola vez mediante una ley estatutaria.
La propia JEP ha señalado que el primer plazo de 10 años llega al primer trimestre de 2028. Por eso, la propuesta de Gómez busca que la jurisdicción termine su funcionamiento en ese momento y que no avance hacia el periodo posterior previsto en la legislación.
Enrique Gómez quiere que la JEP termine en 2028
“La premisa con la que se creó la JEP es la de la estricta temporalidad”, afirmó el senador durante la entrevista.
Gómez considera que no se debe utilizar el periodo adicional para mantener en funcionamiento la jurisdicción y propone comenzar desde ahora el proceso para trasladar las tareas pendientes.
“Lo que nosotros hemos pedido es que se empiece el desmonte de ese órgano y se mantenga la justicia transicional en otras autoridades judiciales”, sostuvo.
Según el senador, los procesos que todavía estén pendientes podrían continuar en la justicia ordinaria.
“Las funciones que tenía que acometer este costosísimo tribunal proponemos que, mediante la ley, se remitan a otros jueces de la justicia ordinaria para que se desarrolle la justicia transicional”, explicó.
Su propuesta, por lo tanto, no plantea solamente una discusión sobre el presupuesto de la JEP. También busca cambiar la forma en que se atenderían los procesos que todavía estén abiertos cuando llegue 2028.
El costo de la jurisdicción, otra de sus críticas
Uno de los principales argumentos de Gómez está relacionado con el dinero que recibe la JEP para funcionar.
El senador considera que parte de esos recursos podría utilizarse para fortalecer la justicia ordinaria, donde existen problemas de congestión y falta de recursos.
“Hemos no solo propuesto esta reducción, evidenciando el despropósito burocrático de la JEP frente a su mínimo aporte a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó.
Gómez también cuestionó la cantidad de magistrados, funcionarios y contratistas vinculados a la jurisdicción.
En la entrevista habló de la existencia de magistrados auxiliares y de una estructura administrativa que, según su posición, resulta demasiado costosa frente a los resultados obtenidos.
Para el senador, los recursos públicos deberían dirigirse a otras necesidades: “Creo que los impuestos de los ciudadanos deben ser protegidos”, aseguró.
Además, planteó que el dinero que eventualmente deje de utilizarse en la JEP pueda destinarse a más juzgados, personal y tecnología para la justicia ordinaria.
También cuestiona las decisiones y las sanciones
Enrique Gómez fue especialmente crítico con los resultados de la JEP en materia de sanciones. El senador considera que los procesos han avanzado lentamente y cuestiona que, después de varios años de funcionamiento, todavía exista discusión sobre las sanciones que deberán cumplir algunos de los responsables de los crímenes investigados.
“Lo que produce un magistrado de la JEP en ocho años es lo que normalmente produce un juez en un día”, afirmó.
También cuestionó la estructura del Tribunal para la Paz y señaló que existen cargos relacionados con funciones que, según él, no han tenido suficiente actividad.
Su crítica se extendió a la respuesta que la JEP ha dado frente a los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto armado.
“¿Y qué pasó con los responsables de crímenes de lesa humanidad? No van a pagar ni un solo día de cárcel”, dijo.
A partir de esa posición, Gómez aseguró que la JEP hace parte de un modelo que, en su opinión, favorece la impunidad.
“La JEP quedó inscrita en ese modelo, que es un modelo previsto para garantizarles impunidad”, afirmó.
El senador cuestiona la estructura de la JEP
Durante la entrevista, Gómez también habló sobre los magistrados auxiliares y la estructura interna del tribunal.
Según su planteamiento, la JEP ha mantenido durante años una estructura con un número elevado de funcionarios y contratistas.
El senador cuestionó, además, que existieran magistrados de apelación antes de que se produjeran decisiones suficientes para justificar, según su interpretación, esa estructura.
“Muchos magistrados muy prestigiosos renunciaron, pues porque les daba pena con el pueblo colombiano sentarse ahí a no hacer nada”, afirmó.
Gómez también criticó la forma en que, según él, se respondió a los problemas de funcionamiento de la jurisdicción.
“Entonces, la decisión, ¿Cuál es? Muy salomónica: pues nombrar más jueces, a 81 millones de pesos al mes, con más despachos, con más burocracia”, señaló.
La otra cara del debate en torno a la JEP
Las críticas del senador fueron discutidas durante la misma entrevista. Otro de los participantes recordó que la JEP sí ha adelantado investigaciones sobre hechos graves ocurridos durante el conflicto armado.
Entre los ejemplos mencionados estuvieron los casos relacionados con los secuestros y el reclutamiento de menores por parte de las antiguas FARC-EP.
La JEP tiene un macrocaso dedicado a los secuestros y otro relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto. Su trabajo incluye investigar hechos, establecer responsabilidades, escuchar a las víctimas y adoptar decisiones dentro de su competencia.
Por eso, durante la entrevista se cuestionó la idea de que la jurisdicción “no ha hecho nada”. La respuesta fue que existen resultados en materia de investigación y esclarecimiento, aunque también persisten críticas sobre los tiempos, las sanciones y la reparación de las víctimas. Gómez mantuvo su posición y defendió que el modelo debe comenzar a desmontarse.
¿Qué pasaría después de 2028 con la JEP?
Este es uno de los puntos más importantes del debate. La legislación establece un primer periodo de 10 años para la presentación de acusaciones y otro periodo posterior de cinco años para concluir la actividad jurisdiccional. Ese segundo plazo puede ser prorrogado una sola vez mediante ley estatutaria y, en todo caso, la norma establece un límite máximo de 20 años para la conclusión de las funciones y objetivos de la JEP.
La propuesta de Gómez busca que no se llegue a ese periodo posterior y que el funcionamiento de la JEP termine en 2028. El senador resumió su posición durante la entrevista al señalar: “El debate está abierto. Es un debate fuerte”.
La discusión tendrá que determinar qué ocurre con los procesos que continúen abiertos, qué autoridad podría asumirlos y cómo se garantizarían los derechos de las víctimas si se modifica el esquema actual.
